Bogotá- El extravío de archivos de computadora de jefes paramilitares extraditados a Estados Unidos develó irregularidades en las cárceles colombianas y sugiere, según analistas, un doble patrón frente al manejo de información similar incautada a la guerrilla de las FARC.
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Tras el operativo hace una semana en que 12 dirigentes de la ultraderecha fueron sacados de prisión y entregados a agentes estadounidenses por narcotráfico, se descubrió que de las celdas desaparecieron un disco duro y memorias de teléfonos celulares que tenían con autorización del gobierno.
Otra computadora del jefe paramilitar Salvatore Mancuso había salido del penal el 10 de mayo para ser reparada, según la dirección estatal de prisiones (INPEC), que dijo ignorar su paradero y el del disco duro de la computadora de Ramiro Vanoy.
Sistema
«¿No es muy paradójico que las computadoras de las FARC sobrevivan a bombardeos y las de los narcoparamilitares no sobrevivan al INPEC?, se preguntó ayer la analista Claudia López en su columna del diario «El Tiempo». El propio periódico señaló en su editorial que el hecho deja una «desoladora impresión del sistema carcelario».
López comparó el caso con el de las tres computadoras confiscadas al número dos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), «Raúl Reyes», tras el ataque el 1 de marzo en que fue abatido por tropas colombianas en Ecuador.
Según el gobierno colombiano, información hallada en esos aparatos revela vínculos de las FARC con los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de Ecuador, Rafael Correa, lo que es rechazado por ambos mandatarios y tiene en crisis las relaciones diplomáticas.
La semana pasada, Interpol, ante un pedido de Bogotá, certificó que esas bases de datos no fueron alteradas tras su decomiso.
López dirigió una investigaciónacadémica que descubrió nexos de decenas de congresistas, casi todos aliados del presidente Alvaro Uribe, con varios de los extraditados. Sus hallazgos originaron el proceso de la «parapolítica», que tiene en la cárcel a una treintena de legisladores, incluido un primo del primer mandatario. Varios de ellos fueron salpicados por los propios irregulares.
Uribe extraditó a los paramilitares argumentando que seguían delinquiendo desde prisión y no cooperaron con la Justicia, como pactó con ellos en un proceso de paz que desmovilizó a 31.000 combatientes.
La medida fue rechazada por asociaciones de víctimas que esperaban conocer el paradero de familiares asesinados e indemnizaciones.
El ministro de Interior y Justicia, Carlos Holguín, salió ayer al paso de las críticas y dijo que «se ha identificado» a la persona que presuntamente accedió a la computadora de Vanoy y a quien recibió la de Mancuso.
Holguín admitió la posibilidad de que Interpol, por solicitud de la Fiscalía, aclare si los archivos de los paramilitares fueron manipulados.
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