La gobernante coalición de izquierda Frente Amplio desoyó la recomendación del presidente, José Mujica, y decidió votar en cinco días un proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad que abrirá las puertas a decenas de juicios contra violadores a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985).
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El Plenario Nacional del FA, tras ocho horas de deliberaciones, ratificó la decisión de que sus diputados, 50 de 99 integrantes de la cámara, deberán votar el próximo 19 de mayo la ley interpretativa "por disciplina partidaria" a pesar de las discrepancias y recriminaciones que el proyecto generó en la coalición de izquierda.
En la reunión participaron las principales figuras de los partidos del FA, ministros de Gobierno, legisladores, entre ellos la senadora Lucía Topolansky, esposa de Mujica, y representantes de las bases.
"Hoy, una vez más, se ratifica que el Frente Amplio es muy claro en el tema de la defensa de los derechos humanos", dijo el senador Rafael Michelini, líder del sector Nuevo Espacio, que integra la coalición de izquierda.
El próximo 19 de mayo "será un día histórico" y "un hito" para Uruguay "en la lucha por la verdad y justicia", agregó el legislador, hijo del ex senador Zelmar Michelini, asesinado en Buenos Aires en 1976, donde se había exiliado tras el golpe de Estado, en un caso nunca aclarado.
El Plenario hizo, además, un llamamiento a todos los militantes de izquierda, organizaciones defensoras de los derechos humanos y a la población en general para que se concentre ese día frente al Parlamento y "se celebre el comienzo del fin de la impunidad", agrego Michelini.
La ley interpretativa, impulsada por el Frente Amplio, generó malestar en las Fuerzas Armadas, que así se lo hicieron saber al ministro de Defensa Nacional, Luis Rosadilla, y duras críticas hacia el Gobierno por parte de organizaciones de militares retirados.
El proyecto ya fue aprobado por los diputados, en algunos casos también por disciplina partidaria y tras argumentar en contra, y algo similar ocurrió en el Senado.
Como el proyecto interpretativo tuvo modificaciones menores por parte de los senadores debe volver a los diputados para su ratificación.
En medio del camino legislativo el presidente uruguayo, José Mujica, se reunió por sorpresa la semana pasada con los diputados oficialistas y les advirtió de la inconveniencia de aprobarlo por el coste político que tendrá para el Frente Amplio.
Ello debido a que la Ley de Caducidad, votada por el Parlamento en 1986 a la salida de la dictadura, fue posteriormente refrendada por la población en las urnas en dos plebiscitos: 1989 y 2009.
"No es bueno que las reglas grandes de la democracia pasen a ser asunto de la aristocracia intelectual, no es bueno que se le diga al pueblo que no entiende cuando vota, que se le consultó por equivocación porque en realidad no tenía derecho a decidir nada", afirmó Mujica el jueves.
El presidente dijo que no comparte la Ley de Caducidad, pero alertó de que "enmendarle la plana" a la población le causará "un grave perjuicio" al FA.
Sin embargo, anunció que respetará la decisión del Parlamento y no vetará la ley, posibilidad que le otorga la Constitución.
El Plenario Nacional decidió, además, crear una comisión de trabajo para que estudie la posibilidad de que, una vez aprobada la ley interpretativa en el Parlamento y promulgada por la Presidencia, se analice la posibilidad de convocar por tercera vez a la población para que en las urnas "ratifique o rectifique" lo actuado por los legisladores oficialistas, agregaron los informantes.
La oposición votó en contra del proyecto interpretativo tanto en el Senado como en Diputados y afirmó que el oficialismo "pasa por encima" de la decisión de los uruguayos en las urnas.
A pesar de lo resuelto por el Plenario del FA se mantienen algunas dudas de lo que ocurrirá con la Ley de Caducidad debido a que dos diputados del grupo del presidente Mujica, Víctor Semproni y Gonzalo Mujica, anunciaron públicamente que no darán sus votos. En la coalición de izquierda se confía en poder convencerles para que finalmente apoyen el proyecto de la ley interpretativa.
