El Congreso de Uruguay aprobó este miércoles la Ley de Urgente Consideración (LUC), considerada por el presidente Luis Lacalle Pou como la hoja de ruta de su gobierno.
Uruguay: el Congreso aprobó la ley de urgencia, pilar del plan de gobierno de Lacalle Pou
La norma, que contó con la oposición del Frente Amplio, da vía libre a la política de mano dura del presidente uruguayo, además de limitar el derecho a manifestaciones, entre otros.
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La tramitación de la LUC comenzó prácticamente al mismo tiempo que el período de Lacalle Pou a cargo de la Presidencia uruguaya, a donde llegó el pasado 1 de marzo impulsado por una "coalición multicolor" de corte conservador, con elementos de ultraderecha.
El Senado finalmente dio el visto bueno definitivo a la ley con el voto favorable de 18 de los 30 senadores, después de un largo recorrido parlamentario que se saldó con más de 40 cambios, informó la agencia Europa Press.
El legislador oficialista Gustavo Penadés consideró que dichos cambios "no modifican la esencia" de la LUC. Sin embargo, el senador opositor, Charles Carrera, del izquierdista Frente Amplio (FA), aseguró que son "de fondo y forma".
"Gran satisfacción de tener este instrumento necesario, justo y popular que hace muchos años comprometimos", reaccionó Lacalle Pou en Twitter, al tiempo que destacó el trabajo de "todos los legisladores que le pusieron esfuerzo, inteligencia y capacidad negociadora".
La LUC, con más de 400 capítulos, abarca numerosos sectores con medidas como la implementación de políticas de mano dura a través de la flexibilización en el uso de la fuerza policial y la justicia en defensa propia; la regulación del derecho a la huelga hasta la creación del Ministerio de Medio Ambiente.
La coalición de Lacalle Pou llegó al gobierno con un fuerte discurso de mano dura en momentos en que Uruguay registró un incremento en los homicidios violentos.
Sus principales promesas, que significan un giro en materia de justicia y seguridad para el país, están comprendidas en la LUC e incluyen por ejemplo el aumento de las penas para delitos como el narcotráfico y para menores en edad imputable.
También declara ilegítimos a los piquetes y autoriza el uso de la fuerza pública para disolverlos en caso de afectar la libre circulación.
El Frente Amplio, que concluyó sus quince años de gobierno ininterrumpido con el triunfo electoral de Lacalle Pou, considerò que se trata de una ley "antipopular, represiva y regresiva" para Uruguay.
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