Madrid (EFE, Reuters) - España actuará con toda firmeza contra la marea de inmigrantes indocumentados que continúan llegando masivamente en precarios botes a las islas Canarias, dijo ayer la vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.
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Un total de 1.965 ilegales llegaron a las costas canarias sólo desde el viernes, elevando a cerca de 21.000 las personas que lograron arribar al archipiélago en lo que va del año, una cifra muy superior a las 4.751 personas que entraron de forma irregular en todo 2005.
«No vamos a seguir aceptando que se incumplan los acuerdos bilaterales y multilaterales alcanzados y estamos dispuestos a actuar con toda la firmeza», dijo Fernández, quien interviene también como portavoz del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en una conferencia de embajadores que se celebró en Madrid.
«Que quede bien claro todo: que el que entra en España de manera irregular más tarde o más temprano saldrá de España», afirmó y añadió que esto deben saberlo tanto los que lleguen como los gobiernos de sus países de origen. Las fronteras terrestres y los aeropuertos siguen siendo, no obstante, las principales vías de entrada al país.
Por su parte, la Comisión de Libertades, Justicia e Interior del Parlamento Europeo pidió a los estados miembros de la UE que adopten « medidas concretas» para auxiliar a España en la prevención de la inmigración ilegal.
La comisión aprobó por unanimidad el informe de los eurodiputados que visitaron Tenerife y Fuerteventura entre el 7 y el 10 de junio, cuando pudieron comprobar el «problema real de flujos masivos de inmigrantes» que sufre el archipiélago. A propuesta del eurodiputado del PP Agustín Díaz de Mera y con el respaldo del socialista Manuel Medina, los parlamentarios incluyeron, también unánimemente, una enmienda que reclama a la Comisión Europea y al Consejo -institución donde están representados los estados miembros de la UE- «acciones concretas» para auxiliar al país.
A su juicio, esta necesidad es más perentoria «tras los trágicos acontecimientos» vividos este verano en las islas. «No podemos seguir con la burocratización de dejar las cosas para mañana. No tenemos una política común de inmigración, pero sí una fosa común en el Atlántico», afirmó Díaz de Mera, en el debate previo a la adopción del informe.
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