Cierre de FATE: tras el fin de la conciliación dictada por Nación, la Provincia abre su propia instancia de negociación

La cartera laboral bonaerense dictó una conciliación obligatoria de 15 días a partir de hoy. Intima a la empresa y al gremio a retrotraer la situación previa al conflicto.

El Sutna convocó a una concentración este jueves frente a la Legislatura bonaerense.

Sutna

En un movimiento político que reconfigura el escenario del conflicto generado por el cierre de FATE, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires decidió tomar la iniciativa y avanzar por su cuenta con una nueva conciliación obligatoria.

Así, el gobierno bonaerense hace un enroque de responsabilidades con las autoridades laborales nacionales, que habían dictado previamente a una conciliación obligatoria que venció este mismo 18 de marzo, sin haber logrado resultados.

La gestión de Javier Milei sólo se involucró formalmente en la resolución del conflicto. Es conocida la postura del Presidente contra el dueño de FATE, Javier Madanes Quintanilla, a quien suele denostar en público, calificándolo de empresario “prebendario y extorsionador”.

Inicialmente, tras el anuncio del cierre el 18 de febrero, tanto la Nación como la Provincia de Buenos Aires convocaron por separado a procesos de conciliación obligatoria. Pero a poco de andar, la Provincia dejó de lado esa gestión para evitar superposiciones legales.

Ahora, la medida del gobierno de Axel Kicillof, oficializada este 18 de marzo de 2026 mediante una disposición de la Dirección Provincial de la Negociación Colectiva, implica la apertura de un período de 15 días de negociación forzada entre la empresa y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), en un intento por destrabar una crisis que lleva exactamente un mes sin resolución.

La decisión provincial llegó en un contexto de fuerte tensión política, luego de que, según consta en el expediente administrativo, el propio secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, solicitara la intervención estatal al cumplirse un mes desde el inicio de lo que calificó como “un ilegal, inescrupuloso y temerario lock out patronal” por parte de la compañía propiedad del empresario Javier Madanes.

Ese planteo, como informó Ámbito, fue formalizado este martes durante un encuentro entre la cúpula sindical y el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, funcionó como disparador para que la cartera laboral bonaerense avanzara en el encuadre del conflicto dentro de la legislación provincial vigente.

“El conflicto colectivo de trabajo planteado es de extrema gravedad; por consiguiente resulta necesario disponer las medidas pertinentes a fin mantener la paz social y poner en funcionamiento los mecanismos legales a disposición, para promover una solución pacífica y legal al conflicto existente, en el marco de la competencia de esta Autoridad”, dice la resolución.

Y agrega en los considerandos: “El objetivo primordial de dicho procedimiento no sólo es tratar de avenir a las partes para que lleguen a un acuerdo que solucione el conflicto de origen sino, y, en primer término, garantizar la paz social atendiendo a la necesidad pública de contrarrestar eventuales desbordes que pudieran suscitar las acciones de las partes”.

Las obligaciones del gremio y de la empresa

En ese sentido, la resolución no sólo formaliza la apertura de la conciliación obligatoria, sino que también establece una serie de obligaciones concretas para ambas partes, con el objetivo de frenar la escalada del enfrentamiento y generar condiciones mínimas para el diálogo.

En primer caso, resuelve “intimar a la asociación sindical y por su intermedio, a los trabajadores por ella representados, a dejar sin efecto, durante el período indicado en el Artículo anterior, toda medida de acción directa que estuviesen implementando y/o tuvieran previsto implementar”.

Y por otro lado dispone “intimar a la empresa empleadora referenciada ut supra a abstenerse de cualquier medida contraria a la buena fe negocial”.

Para el SUTNA, el requisito planteado en la conciliación obligatoria implicaría liberar las instalaciones de la fábrica, medida que la empresa pone como condición para poder normalizar sus actividades durante el período vigente.

Sin embargo, la semana pasada la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo penal de San Isidro resolvió revocar la orden de desalojo del predio de FATE, en el partido de San Fernando. Así el Tribunal atendió la apelación presentada por el titular del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), Alejandro Crespo.

En ese sentido, los jueces dictaminaron que es “un conflicto laboral en el marco del cual los operarios de la empresa Fate S.A. han decidido tomar una vía de acción directa e ingresar a la fábrica donde trabajaban en defensa de sus puestos de trabajo. La huelga, como expresión más pura del reclamo, se encuentra reconocida como derecho en el artículo 14 bis de la CN y se trata de un medio de acción directa, de carácter colectivo, destinada a preservar o conquistar derechos o intereses de los trabajadores”.

En consecuencia, el gremio no se vería obligado a desalojar el predio. En cambio, la empresa debería retrotraer los despidos y normalizar la actividad, lo que implica también pagar los sueldos caídos de la segunda quincena de febrero.

El gobierno bonaerense fundamenta su intervención en las facultades que le otorga la Ley 10.149, que regula los conflictos colectivos de trabajo en el ámbito provincial. Esa norma establece que “la Subsecretaría de Trabajo podrá igualmente intervenir de oficio” ante disputas sin solución entre las partes, y que la concurrencia a las audiencias es obligatoria bajo apercibimiento de sanciones .

La disposición firmada por el director provincial Juan Pablo Lorenzo también incluye una exhortación explícita a las partes para que actúen con “la mejor predisposición y apertura para negociar los temas sobre los cuales mantienen diferencias”.