Pymes: expectativa por el veto presidencial a la ley que amenaza a una fuente clave de financiamiento

La norma que elimina el sistema de Sociedades de Garantías Recíprocas fue remitida a la Casa Rosada. Las empresas advierten que si queda promulgada peligra el futuro de 40.000 pymes.

Todo el ecosistema de pymes se mantiene en alerta por la embestida contra el sistema de SGR.

El proyecto de ley votado por el Congreso nacional que propone la eliminación del sistema de Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR) mantiene en alerta a un universo de más de 40.000 pymes que podrían ver afectada su principal fuente de financiamiento.

La ley de Incremento Excepcional para las Jubilaciones y Pensiones, aprobada por el Congreso de la Nación el 10 de julio, en su artículo 10 dispone quitar los beneficios fiscales al sistema de SGR.

La norma fue girada el lunes pasado desde el Poder Legislativo al Ejecutivo y ahora el presidente Javier Milei tiene 10 días para promulgar o vetar la ley. Públicamente, el Presidente anticipó que firmará el veto, pero entre las entidades que representan los intereses de las pyme la preocupación sigue vigente porque saben que el Congreso tiene la posibilidad de reunir los dos tercios y anular ese veto.

Frente a esto, los esfuerzos del ecosistema de SGR apuntan a generar conciencia en los legisladores y la sociedad de los riesgos que esa medida implica para la supervivencia de las micro, pequeñas y medianas empresas del país, que emplean a más de 500.000 personas.

La ley sancionada prevé un aumento del 7,2% para todas las jubilaciones y pensiones, incorporándolo al haber mensual y una ayuda económica previsional (bono) de $110.000 móvil, no remunerativo ni bonificable. El artículo 10 propone la derogación del Sistema de Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), bajo el argumento de su presunto costo fiscal.

La mirada de Acindar Pymes, el principal protagonista privado en el sistema de SGR

Acindar Pymes es la primera SGR privada y la segunda de mercado detrás de Garantizar, que pertenece al Banco Nación. Su gerente general, Pablo Pereyra, dialogó con Ámbito sobre este tema.

Destacó que la sanción del Congreso “genera muchísimo temor, principalmente por las 40.000 pymes que hoy son asistidas por la totalidad del sistema SGR, porque propone quitar el beneficio fiscal a favor de los socios protectores, cuyo impacto real en las cuentas públicas es bajísimo”.

“Entre las 40.000 pymes que están siendo asistidas por las SGR, más o menos el 70% son micro y pequeñas empresas que de otra forma no podrían acceder a un crédito. Uno de cada tres créditos que los bancos están dando al segmento pyme tiene el respaldo de una SGR”, añadió.

Periodista: ¿Cómo se aplica hoy ese beneficio fiscal y cuánto representa para el Fisco?

Pablo Pereyra: Es a través de los socios protectores, que tienen la ventaja impositiva que cuando aportan una SGR ese aporte es deducible del impuesto a las Ganancias.

Pero hay que tener en cuenta que ese beneficio no está exento de riesgos, que el socio protector asume cuando sabe que, en alguna medida, eso es la contragarantía o la garantía de los préstamos que están aportando a pymes, con lo cual existe un riesgo de cobertura de todo eso.

Y esto sin dejar de tomar en cuenta que además del riesgo de incobrabilidad que asume ese socio protector, las SGR pagan impuestos, que todos los créditos que una SGR avala pagan IVA sobre los intereses, pagan Sellos. Es decir, el efecto fiscal es absolutamente nulo.

P: ¿Manejan cifras concretas de cuánto sería el impacto en discusión?

PP: La Oficina del Presupuesto del Congreso sacó la semana pasada un informe en donde decía que quitar este beneficio representa un 0,02% del PBI, cuando el impacto del aumento a los jubilados que proponen los legisladores es de 0,79 puntos del PBI.

Eso da una idea de que el ahorro fiscal es irrelevante frente al perjuicio que puede provocar sobre la actividad y el empleo de 40.000 pymes que ocupan a unas 500.000 personas.

No por casualidad todas las entidades vinculadas al sistema de SGR, los mercados, bolsas regionales y más, salieron a explicar los riesgos de esa iniciativa para que los legisladores tomen conciencia de que ponen en peligro real una fuente de financiamiento para todas las pymes.

Las SGR como una herramienta de inclusión financiera para las pymes

En línea con la descripción que hizo Pereyra, la Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía (CASFOG), presentó un informe donde plantea un cuadro de situación frente a esta polémica. Entre otros puntos, enumeró los siguientes:

-En el ámbito del mercado de capitales, las SGR participan activamente en la canalización de recursos, garantizando alrededor del 40% de las emisiones de cheques de pago diferido avalados.

-El 70% de los certificados de garantía emitidos están dirigidos a micro y pequeñas empresas, segmentos estructuralmente excluidos del sistema financiero tradicional por carecer de activos colaterales, historial crediticio o capacidades de estructuración financiera.

-Las pymes beneficiarias del sistema generan más de 510.000 empleos directos, con alto impacto en economías regionales y cadenas de valor estratégicas.

-Las SGR gestionan el crédito PyME y no son un gasto para el Estado. El costo fiscal anual del sistema de SGR no supera los u$s136 millones, lo que representa apenas el 0,02% del PBI argentino.

-A nivel internacional, los sistemas de garantía están presentes en la mayoría de las economías desarrolladas y emergentes. En promedio, estos instrumentos representan el 1,7% del PIB.

"La eliminación del beneficio fiscal es una decisión regresiva", según los industriales bonaerenses

La Unión Industrial Argentina (UIA) fue una de las entidades que salió a respaldar la continuidad del sistema de SGR, argumentando que “colaboran en reducir la brecha de financiamiento para las pymes al otorgar garantías autoliquidables. Mediante este instrumento facilitan el acceso al crédito formal, que logran obtener financiamiento en mejores condiciones mediante bancos o a través del mercado de capitales”.

“Actualmente, hay 42.000 pymes con aval vigente (nivel en máximo histórico; con un mayor apalancamiento, es posible financiar aún más con el mismo costo fiscal) con más de 122.000 garantías otorgadas, siendo el 94% micro y pequeñas empresas y el 77% es financiamiento a través del sistema bancario o cheques de pago diferido, dos de las principales herramientas de financiamiento pyme”, completó.

Por su parte, la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) sostuvo que “la eliminación de las exenciones impositivas que incentivan los aportes de los socios protectores a las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), inevitablemente, va a impactar negativamente en uno de los pocos instrumentos que fomentan el financiamiento productivo, siendo perjudicial especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, motor esencial de la economía nacional”.

“Eliminar los incentivos fiscales que motivan los aportes de los socios protectores a las SGR es una decisión regresiva que compromete el flujo de capital hacia las PyMEs”, añadió.

Desde el sector financiero, tres entidades que representan a los bancos unificaron su opinión en un comunicado conjunto. La Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Asociación de la Banca Especializada (ABE), y Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), expresaron que “esta decisión legislativa impacta negativamente en uno de los instrumentos más eficientes, inclusivos y federales para el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas, al afectar el fondeo de las SGR, que han demostrado ser una herramienta clave para facilitar el acceso al crédito bancario en todo el país”.

Y agregaron: “Las SGR constituyen un puente esencial entre las pymes y el sistema financiero, al ofrecer garantías que, por su calidad, son consideradas autoliquidables por la normativa del Banco Central de la República Argentina (BCRA)”.

“Esto no sólo permite ampliar el universo de empresas con acceso al crédito, sino que también mejora las condiciones de financiamiento al reducir los requisitos exigidos y las previsiones asociadas a eventuales incumplimientos”, explicaron las entidades que agrupan a los bancos que operan en el país.