La empresa no se presentó a una instancia clave convocada por Trabajo y el conflicto se agravó con protestas en Santa Fe. Con salarios impagos, plantas paralizadas y más de 700 familias afectadas, crece la incertidumbre sobre el futuro de la compañía.
La empresa emplea en forma directa a más de 700 personas.
La crisis de Lácteos Verónica volvió a escalar en las últimas horas y sumó un nuevo episodio de alta tensión: una audiencia clave que no se realizó por la ausencia de la empresa y protestas de trabajadores que incluyeron cortes en la Ruta Nacional 34 para visibilizar un conflicto que ya lleva meses sin resolución.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
La instancia había sido convocada por la Secretaría de Trabajo de la Nación para intentar encauzar la negociación entre la compañía y el gremio del sector, en medio de un escenario marcado por salarios impagos, paralización productiva y denuncias de lockout patronal. Sin embargo, minutos antes del inicio del encuentro, la empresa comunicó que no participaría, argumentando que se encuentra abocada a la búsqueda de una solución y solicitando la reprogramación.
La decisión no hizo más que profundizar el malestar entre los trabajadores, que desde hace semanas vienen reclamando definiciones. La audiencia fue reprogramada para el próximo jueves 19 de marzo, aunque en el sector prevalece el escepticismo sobre la posibilidad de un acuerdo en el corto plazo.
En paralelo, durante la mañana del lunes, empleados y sus familias realizaron una movilización en el acceso a la localidad de Lehmann, en Santa Fe, donde llevaron adelante cortes intermitentes del tránsito y desplegaron consignas en reclamo de pago de salarios y reactivación de la actividad. La protesta se desarrolló con presencia de fuerzas de seguridad y marcó un punto de mayor visibilidad del conflicto.
El reclamo no es nuevo, pero sí más urgente. La empresa arrastra meses de deterioro financiero, con más de 2.900 cheques rechazados por $10.600 millones y deudas bancarias superiores a $5.300 millones, según datos del Banco Central. A ese cuadro se suma una operatoria prácticamente detenida, que dejó a las plantas sin actividad regular y sin generación de ingresos genuinos.
La ausencia de la empresa en la audiencia fue interpretada por el gremio como una señal de falta de voluntad de negociación. Desde el sector sindical calificaron la decisión como una “falta de respeto hacia los trabajadores” y solicitaron la aplicación de sanciones por parte de la autoridad laboral.
El conflicto, sin embargo, trasciende lo estrictamente gremial. En las localidades donde la empresa tiene presencia, la situación ya tiene impacto social directo. En Lehmann, donde se concentraron las protestas, los trabajadores advierten que la falta de ingresos se volvió insostenible y que muchos debieron recurrir a changas o asistencia familiar para sostener gastos básicos.
La falta de definiciones se combina con medidas empresarias que agravaron la situación. En las últimas semanas, trabajadores denunciaron haber recibido notificaciones de reducción del 50% de la jornada laboral y de los salarios, en un contexto en el que los pagos ya venían siendo parciales o directamente inexistentes.
En paralelo, en la planta de Boulogne, en la provincia de Buenos Aires, que opera como distribuidora, la empresa habría indicado a parte del personal que no se presente a trabajar, en línea con la caída de la actividad general.
El trasfondo del conflicto es una parálisis productiva casi total. Las plantas de Clason, Lehmann y Suardi operan de forma esporádica o directamente permanecen inactivas, en un escenario en el que la empresa dejó de recibir materia prima.
En el caso de Lehmann, donde históricamente se procesaban entre 500.000 y 600.000 litros diarios, en las últimas semanas la recepción habría caído a niveles mínimos cercanos a los 15.000 litros, lo que explica la virtual detención de la actividad.
Sin producción sostenida, la empresa perdió presencia en góndolas y capacidad de generar flujo de fondos, lo que profundiza un círculo de deterioro que también impacta en proveedores, tambos y economías regionales vinculadas a la cuenca lechera santafesina.
El conflicto se arrastra desde hace más de un año, con antecedentes de intentos fallidos de reestructuración, entre ellos un procedimiento preventivo de crisis que incluía despidos y que no prosperó. En paralelo, persisten versiones sobre tensiones internas dentro de la familia propietaria, lo que complejiza aún más la toma de decisiones.
Mientras tanto, el frente judicial y sindical también suma presión. Días atrás, el gremio denunció formalmente a la empresa por lockout patronal, incumplimientos salariales y retención indebida de aportes, además de mencionar la existencia de investigaciones en la Justicia Federal y en la justicia provincial por presuntas irregularidades.
En este contexto, el foco inmediato está puesto en la próxima audiencia convocada para el jueves. Sin embargo, entre los trabajadores predomina la incertidumbre. En total, la empresa emplea en forma directa a más de 700 personas que hoy no saben como continuará su futuro laboral.
Con producción paralizada, deuda que no para de escalar, conflicto sindical abierto y ahora una negociación empantanada, Lácteos Verónica enfrenta una crisis que ya excede lo empresarial y se proyecta sobre toda una región. La resolución, por el momento, sigue en suspenso.
Dejá tu comentario