Denuncian lockout patronal en Lácteos Verónica mientras se profundiza su crisis

El gremio lechero acusó a la empresa de paralizar plantas y reducir sueldos, en un contexto de fuerte deterioro financiero y miles de cheques rechazados.

La empresa comunicó reducción de sueldos y jornada a sus trabajadores. 

La crisis de Lácteos Verónica sumó un nuevo frente de conflicto. El sindicato ATILRA denunció formalmente ante la Dirección Nacional de Relaciones Laborales y Regulación del Trabajo la existencia de lockout patronal, incumplimientos salariales y retención indebida de aportes, en medio de la paralización productiva que atraviesa la compañía.

La presentación sindical se produce en un contexto delicado para la empresa santafesina, que ya venía mostrando fuertes señales de deterioro financiero. Según datos del Banco Central (BCRA), la firma acumula más de 2.900 cheques rechazados por más de $10.600 millones, además de deudas bancarias superiores a $5.300 millones, con parte de esos pasivos ya en situación irregular dentro del sistema financiero.

De acuerdo con el comunicado difundido por el gremio, la empresa mantiene impagos los salarios correspondientes a enero y febrero de este año, así como la segunda cuota del aguinaldo de 2025, mientras que la actividad productiva se fue reduciendo progresivamente hasta detenerse por completo el 16 de febrero.

La situación impacta directamente sobre más de 400 trabajadores bajo convenio, aunque el efecto social alcanza a unas 700 familias que dependen de la actividad de la empresa, que posee plantas productivas en Clason, Lehmann y Suardi, en la provincia de Santa Fe.

Denuncia sindical y acusación de paralización empresaria

Según la denuncia presentada por ATILRA, la empresa dejó de ingresar materia prima a sus establecimientos y paralizó la producción, mientras que en algunos casos se habría impedido el acceso de los trabajadores a las plantas, una situación que el gremio interpreta como un lockout patronal ilegal.

El conflicto se agravó además a partir de cartas documento enviadas a empleados, en las que se notificó una reducción del 50% de la jornada laboral y de los salarios. Para el sindicato, se trata de suspensiones encubiertas que profundizan el impacto social sobre los trabajadores.

Domingo Possetto, secretario general de ATILRA Rafaela, que representa a los trabajadores de la planta cercana a Lehmann, describió el escenario como un “abandono real” por parte de la familia propietaria y sostuvo que el impacto social que atraviesa la región “es peor que el caso Fate en Buenos Aires”.

Desde el gremio también señalaron que los trabajadores no deberían quedar atrapados en conflictos internos dentro de la empresa. Según trascendió en el sector, la sociedad estaría integrada por unos veinte socios pertenecientes al mismo grupo familiar, entre primos, hermanos y sobrinos, y existirían diferencias internas sobre la conducción y el control de la compañía.

Investigación judicial y deterioro operativo

El comunicado sindical también menciona la existencia de investigaciones judiciales vinculadas a la empresa. Entre ellas figura una denuncia presentada en la Justicia Federal por presunta apropiación indebida de recursos de la seguridad social y posible lavado de activos, radicada en el Juzgado Federal N.º 1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado.

En paralelo, se investiga una causa por presunta estafa en la Fiscalía de Criminalidad Económica y Compleja de Rafaela.

El conflicto sindical se superpone con un cuadro productivo crítico. Las plantas de la empresa operan de forma esporádica o directamente permanecen inactivas. En el caso de Lehmann, la actividad quedó limitada a trabajos a fasón con volúmenes mínimos, muy lejos de la capacidad instalada que, según estimaciones del sector, podría procesar entre 500.000 y 600.000 litros diarios.

En las últimas semanas, la recepción de leche habría descendido a unos 15.000 litros diarios, una caída que explica en gran medida la parálisis industrial y la falta de generación de ingresos genuinos.

Mientras tanto, el conflicto laboral continúa escalando. Desde ATILRA solicitaron la intervención urgente de las autoridades laborales nacionales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones empresarias y proteger los derechos de los trabajadores.

La crisis ya obligó además a municipios y al gobierno de Santa Fe a implementar asistencia social de emergencia, con ayuda económica y entrega de alimentos para los empleados afectados.

Con plantas paralizadas, salarios impagos, fuerte deterioro financiero y ahora una denuncia sindical por lockout patronal, el futuro de Lácteos Verónica permanece abierto y sin definiciones claras sobre su continuidad productiva.