En el informe “Tax System and Reform Considerations”, de fecha 11 de mayo pasado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) traza un diagnóstico sobre el sistema tributario argentino y propone ambiciosas medidas para aumentar la recaudación en 3,3% del PBI.
Algunos analistas interpretaron que se trataba de una hoja de ruta para el Gobierno para una próxima reforma. En rigor de verdad, no pasa de ser un marco conceptual.
El diagnóstico
Una foto que conocemos todos: el país recauda mucho –cerca del 27% del PBI en 2025– pero con baja eficiencia y apoyado en impuestos distorsivos que frenan la inversión y el crecimiento.
Argentina tiene más de 155 tributos vigentes –y complejos–, con cambios frecuentes en las reglas de juego. El mix tributario depende excesivamente de impuestos indirectos y distorsivos: retenciones, impuesto a las transacciones financieras e ingresos brutos provinciales, amén de las “tasas municipales”, que representan más de un cuarto de la recaudación total (aprox. 7% del PBI).
El problema no es solo técnico, sino también político e institucional. El federalismo fiscal aparece como un factor decisivo: mientras la Nación depende de impuestos no coparticipados –retenciones y gravámenes a las transacciones financieras– para evitar distribuir recursos, las provincias se apoyan fuertemente en Ingresos Brutos, un tributo especialmente distorsivo por aplicarse en cascada sobre toda la cadena productiva.
Hasta aquí, nada nuevo.
Las propuestas: más recaudación, pero con algunas falencias técnicas
El Fondo propone una reforma integral –y polémica– con potencial de generar hasta 3,3% del PBI en ingresos adicionales. La estrategia apunta a ampliar bases imponibles y reducir exenciones, para crear espacio fiscal que permita eliminar gradualmente impuestos considerados nocivos, como las retenciones y el impuesto a las transacciones financieras.
Entre las principales medidas se destacan:
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Eliminación de exenciones en el IVA y alícuotas diferenciales, compensando a sectores vulnerables mediante transferencias directas.
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Ampliación del impuesto a las Ganancias sobre trabajadores formales. Pretende volver a la situación anterior a Massa, donde el 20% de los trabajadores esté sometido al impuesto. Sin dudas, aquí se han ignorado aspectos básicos de la tributación, como por ejemplo la capacidad contributiva. Distinto sería si, por ampliarse el empleo formal, mediante los incentivos de la Ley 27.802, más trabajadores se incorporar a la base.
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Bajar la alícuota de Ganancias para sociedades al 30% y cobrar un impuesto mínimo en base a la facturación. La incoherencia aquí es contagiarle a este tributo los problemas de Ingresos Brutos que el propio FMI critica, por cuanto la capacidad contributiva pasaría a estar ignorada, yendo al absurdo de pagar el impuesto cuando el resultado es un quebranto.
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Reformulación del Monotributo para reducir la fragmentación empresarial. Manifiesta la necesidad de reducir estos efectos, alinear las tasas efectivas y las contribuciones sociales con el régimen general, y aprovechar herramientas digitales para facilitar el cumplimiento, sin presentar una alternativa concreta. Sin dudas el Monotributo tiene sus falencias, pero también es un puente hacia la formalización de la economía y hacia el acceso a la salud y a una jubilación para muchos trabajadores. El Fondo parece ignorar la difícil transición hacia el Régimen General.
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Actualización de impuestos internos, especialmente para tabaco, alcohol y bebidas azucaradas. Para combustibles propone indexación por inflación.
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Fortalecimiento del impuesto inmobiliario en manos provinciales. Sin dudas un tributo descuidado, pero que también puede afectar a los sectores de menores ingresos.
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Reemplazar Ingresos Brutos por un sistema de “IVA dual”, inspirado en los modelos de India y Brasil. Eliminaría el efecto “cascada” y desplazaría la carga de la producción al consumo. El impuesto es la consecuencia del problema, la causa: el aumento desproporcionado del gasto público –o político disfrazado de público– de las provincias, cuestión que el informe no aborda en profundidad.
En síntesis, los ingresos de las reformas recaudadoras crearían espacio fiscal para eliminar gradualmente los impuestos más distorsivos (retenciones y transacciones financieras), actualmente no coparticipados.
El impacto sobre la economía real
Uno de los ejes centrales del informe es el impacto de los impuestos distorsivos sobre la producción. En el caso de las retenciones agropecuarias, el FMI sostiene que deprimen los precios internos y desalientan la inversión. Considera que una reducción del 1% en las retenciones podría aumentar la producción y exportaciones en 0,5%.
La eliminación de estos gravámenes podría implicar un salto de hasta 10% en las exportaciones de granos, generando aproximadamente u$s5.000 millones adicionales al año.
Por su parte, el impuesto a los débitos y créditos bancarios también es cuestionado por fomentar la informalidad y limitar la intermediación financiera. Su reducción, según estimaciones citadas, podría expandir los depósitos bancarios en el largo plazo.
Un buen diagnóstico, con poco valor agregado
El diagnóstico es sólido y profundo, pero las propuestas presentan inconsistencias y debilidades importantes. La principal crítica es que subestima las restricciones políticas. Muchas de las reformas propuestas requieren acuerdos entre Nación y provincias que históricamente han sido difíciles de lograr.
El antecedente más cercano, la fallida reforma de 2017, evidencia esa dificultad. Y el reemplazo de Ingresos Brutos —del que dependen fuertemente las finanzas provinciales— aparece como un desafío aún mayor. Por nuestra parte, insistimos con que el problema no es el impuesto, sino el gasto público.
Además, el paquete presenta un sesgo de regresividad en el corto plazo. Medidas como la ampliación del IVA o de Ganancias pueden afectar a sectores medios y bajos. El plan del gobierno no es aumentar impuestos.
A modo de conclusión observamos que, si bien el informe presenta un diagnóstico preciso y propuestas coherentes desde el punto de vista económico, exhibe debilidades relevantes desde la perspectiva tributaria, especialmente en lo relativo al equilibrio entre eficiencia, equidad y factibilidad de implementación.
(*) Socio – Lisicki, Litvin & Abelovich