Política

Obstáculos para el desembarco del juez Torres en la Corte bonaerense

Impugnación al magistrado federal por su domicilio formal. Denuncias cruzadas por el requisito de dos años de residencia inmediata. Jura retrasada y feroz interna en máximo tribunal, complican completar ambicionada vacante.

A pesar de que la gobernadora María Eugenia Vidal logró una contundente aprobación de la Legislatura bonaerense para avalar su propuesta de completar la Suprema Corte de la provincia con el juez federal Sergio Torres, una dura interna bloqueó la jura del magistrado a último momento. Son una serie de denuncias cruzadas centradas en su “domicilio formal”, cuyo origen silencioso es el propio tribunal al que debiera desembarcar. Adicionalmente, se sumaron denuncias penales contra la mandataria por aparentes irregularidades formales del proceso de selección, primer test para la influencia creciente del Ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, puente para la recomendación de Torres para el máximo tribunal bonaerense, y un premio mayor para emigrar de Comodoro Py con un timming perfecto.

El principal adversario que le surgió al juez federal es nada menos que el flamante presidente de la Suprema Corte Eduardo De Lazzari. Vidal intentó apurar la jura para el recambio de autoridades luego de haber logrado consenso legislativo a su pliego. Torres además sonaba como un nombre potable para el Tribunal Superior de Justicia porteño. En los pasillos de tribunales, elogiaron que todavía no hubiese renunciado a la justicia federal para tomar nuevas funciones en un escenario que se volvió tan hostil. Ese era también otro de los cuestionamientos para sumir el nuevo cargo.

El problema se centra en un requisito de la Constitución provincial referida a dos años de residencia inmediata en el distrito. Torres tenía por destino la vacante de Juan Carlos Hitters y fue nominado sorpresivamente por Vidal el 1 de marzo. En el trayecto a la aprobación del pliego, fue impugnado por EL Colegio De Abogados de La Plata y por la ONG Usina de Justicia, que suele tener posiciones cercanas al oficialismo. Lo calificaron de “discípulo” de Eugenio Zaffaroni por haber sido su tutor en una tesis de doctorado y por propiedad transitiva un cultor del “abolicionismo”.

Pero el dardo envenenado sobre el domicilio de Torres fue lanzado como un torpedo desde la propia Corte y basado en el artículo 181 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires sobre el requisito ineludible de la residencia. La aprobación de su pliego por parte de la Legislatura tuvo acompañamiento de todos los sectores y por la Comisión especial, en trámite exprés. El destituido juez Luis Arias denunció penalmente a Vidal y al propio candidato por “falsificación de documento público”, tras haber informado que residía de manera habitual en el partido de Tigre aunque, la presentación afirmó, se trata de un edificio en construcción. El portal “Dato Duro” confirmó que en las últimas dos elecciones, de acuerdo a la información de la Justicia Electoral, Torres votó en Capital Federal tanto para los comicios de 2015 como para los de 2017. Según los mismos registros del padrón, está inscripto en una dirección en Capital Federal.

El 24 de abril, Vidal promulgó el decreto de designación pero la interna desatada en la Corte bonaerense impidió terminar de cumplimentar el trámite y desnudó que la pelea por ese sitial codiciado como el equivalente de la Corte Suprema en territorio bonaerense puede llegar a ser feroz.

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