Impuesto mínimo global: la propuesta del G20 agravará aún más la inequidad en América Latina

El acuerdo para el establecimiento de un impuesto mínimo global del 15% a las corporaciones multinacionales resulta injusto para los países en desarrollo pues no aborda los problemas estructurales.

Actores regionales requieren reformas fiscales transformadoras para los países en desarrollo.

Los movimientos sociales y regionales por la justicia fiscal venimos desde hace más de una década luchando con propuestas, diálogo y articulación para poner fin al saqueo fiscal de las corporaciones multinacionales en América Latina.

Bajo diversos mecanismos y beneficios jurídicos socavaron siempre la capacidad de nuestros estados para generar el financiamiento que en el pasado nos hubiera permitido garantizar los derechos básicos y universales a la población y que hoy, con suma urgencia, son necesarios para hacer frente a las consecuencias sociales de la pandemia.

Desde el llamado del G20 a avanzar sobre normas que hagan frente a la erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés) en 2012 y con el lanzamiento del Marco Inclusivo de BEPS (MI BEPS) en 2015, encomendado a la OCDE, se generó una batería de herramientas con las que los estados suscriptores del acuerdo podían combatir la evasión y elusión fiscal pero que no terminó de resolver el problema.

Se dio entonces un complejo proceso de abordaje sobre las normas para hacer tributar a las empresas de la economía digital que se reinició en el 2019 con el desarrollo de un acuerdo para el establecimiento de un impuesto mínimo global. Durante la reunión de los ministros de Finanzas del G7 se decidió establecer un piso del 15% que marcaría, en teoría, el inicio del fin de la carrera a la baja impositiva entre países.

El G7 y la OCDE, con el aval luego del G20, avanzaron sobre una propuesta que terminará siendo injusta para los países en desarrollo pues no aborda los problemas estructurales que están detrás de las inequidades generadas por el gran poder corporativo transnacional.

La conclusión de esta propuesta nos deja un mensaje: los países en desarrollo continúan al margen de las decisiones globales. Esta decisión reafirma los antecedentes de dominación de las posturas de los países más ricos aun cuando, en teoría, el proceso debería ser justo e inclusivo en términos de recuperación de los beneficios generados por las corporaciones y participación efectiva de estos países en las nuevas reglas globales.

El compromiso unilateral del G7 con estas propuestas ha sido recibido con severas críticas por parte de otras organizaciones de justicia fiscal, incluidas: Tax Justice Network, la Alianza Global por la Justicia Fiscal, Eurodad y Oxfam, entre otros.

En ese marco, afirmamos que este acuerdo no tiene nada de histórico y que ha sido hecho principalmente para beneficiar a un grupo de países que tienen el control de la economía global. Un acuerdo hecho por países ricos para beneficiar a los países ricos.

Requerimos reformas fiscales más ambiciosas y transformadoras para un acuerdo equilibrado que responda plenamente a las preocupaciones de los países en desarrollo, especialmente en el contexto de los desafíos socioeconómicos que plantea la pandemia de la COVID-19. Además, consideramos insuficiente establecer un impuesto del 15%. La realidad excepcional que estamos viviendo sumado a la deuda histórica que vive la región con sus comunidades, consideramos sumamente necesario elevarlo al 25%.

Para que el proceso de reforma tributaria global sea inclusivo, democrático, justo y transparente, ni el G7, ni el G20, ni la OCDE son plataformas en las que los intereses de las naciones en desarrollo puedan estar representados en pie de igualdad.

Por eso instamos a los no miembros del G7, del G20 del Sur Global, y especialmente a los países de América Latina y el Caribe, para que apoyen el llamado a un proceso que permita la construcción de una reforma fiscal internacional verdaderamente inclusiva, justa y democrática, donde se tengan en cuenta los intereses de nuestra región.

Coordinador en Fundación SES, secretario de la RJF de América Latina y El Caribe y miembro de la red Latindadd.