Cambios en el Registro Automotor: aciertos, dudas y retrocesos

El pasado viernes 3 de mayo, el Ministerio de Justicia dio a conocer algunos lineamientos sobre los cambios que se propone introducir en la registración de automotores. En primer lugar, corresponde destacar que, de los puntos informados, solamente dos tienen hoy concreción en la realidad, a saber: el formulario CETA (ya había sido eliminado por la AFIP, una semana antes) y el no vencimiento de la cédula verde y eliminación de la llamada “cédula azul” vigente a partir del 13 de mayo. En relación a las restantes medidas, algunas de ellas merecen por un lado un fuerte acompañamiento, pero otras provocan una profunda inquietud.

Cambios positivos

La adquisición de automóviles implica un movimiento de dinero por parte del comprador, que estaba en la mira de otros organismos, que le impusieron al Registro una serie de engorrosos controles que terminan complicando el trámite. Uno de ellos era el Certificado de Bienes Registrables (CETA), que no era otra cosa que declarar ante la AFIP quién compra, quien vende y a qué precio. Asimismo, la Unidad de Información Financiera (UIF) obliga al usuario a acreditar el origen lícito de esos fondos. Originalmente ese control estaba previsto para autos “de lujo”, pero la inflación hizo que prácticamente cualquier Okm necesitase una certificación contable sobre ingresos. La eliminación del CETA, y el aumento del monto umbral sobre el que se requiere acreditar fondos, son medidas lógicas y acertadas.

Se anunció también la eliminación de los legajos físicos. Los Registros fueron uno de los primeros organismos en poner de moda la palabra “despapelización” en el sector público, y han avanzado en la digitalización en forma incesante y paulatina. Es auspicioso que se continúe en esa dirección, siempre y cuando digitalizar no signifique “escanear” papeles y guardarlos en una computadora, como ocurre en otros registros y organismos públicos.

Con el fin de abaratar costos, se propone en buena hora invitar a las provincias y a CABA a bajar el impuesto de sellos y la patente automotor, que “representa alrededor del 70% de los costos que hay que pagar al momento de la transferencia”. Habrá que ver cómo repercute en cada jurisdicción, que cuenta con su propia competencia tributaria. Lo que es notable es que el Gobierno blanquee, por primera vez, que en el mal llamado “negocio millonario” de los registros, el 70% de los ingresos se los llevan los impuestos. Del 30% restante, vale aclarar que sólo un tercio gestiona el Encargado para soportar el costo operativo registral, y los otros dos tercios vuelven al Estado como giros al Ministerio de Justicia, o a los Entes Cooperadores que están bajo su órbita.

Cambios que no son tanto

Los siguientes puntos anunciados presentan dudas, ya que se encuentran vigentes y verificables.

Los titulares de los registros seccionales se van a tener que hacer cargo del 100% de sus costos. Desde la creación en 1958, como organismo concebido de gestión privada, el Encargado respondió y responde con su patrimonio personal por todos los gastos que genera el funcionamiento del Registro, incluyendo reclamos y juicios.

Se va a implementar un sistema de concursos transparentes. Desde el año 2003 existen los concursos para acceder al cargo de Encargado de Registro, que requiere primero, un nivel universitario (abogado, contador o escribano), luego una evaluación de antecedentes (personales, académicos y laborales), exámenes escritos (de forma anónima) y orales, previo a su selección final según el mérito obtenido, por el Ministro de Justicia.

Se va a auditar el sistema de fiscalización de los registros seccionales. Actualmente el órgano de aplicación del Régimen Jurídico del Automotor, la DNRPA, realiza auditorías permanentes online a todos los seccionales del país (el funcionamiento interno registral ya es digital en un 100%) y además realiza auditorías integrales en forma presencial.

Cambios que podrían significar un retroceso

Se cerrarán el 40% de los registros de propiedad automotor. Cerrar oficinas registrales con miras a la “reducción del déficit” no tiene un sustento motivacional razonable: dichas unidades son soportadas económicamente por sus jefes y no por el Estado. Por otro lado, suprimir centros de atención y acumular legajos y trámites en los registros sobrevivientes, afectará al usuario en la celeridad y calidad del servicio, y al sostenimiento financiero del sistema por la mayor actividad resultante: en la actualidad, la mayoría de los registros presentan un quebranto en sus cuentas de ingresos y egresos, lo que motiva un reclamo generalizado.

Se elimina la fecha de vencimiento de la cédula verde y la cédula azul. El título del automotor acredita la propiedad del mismo. La legislación argentina confiere al uso del vehículo, consecuencias sobre la responsabilidad civil: la no autorización hace excusable la responsabilidad del titular por accidentes o siniestros, sin perjuicio de la responsabilidad objetiva. La propia movilidad del bien, en un país con numerosas jurisdicciones independientes (comunales, municipales, provinciales etc.), hace que la coordinación y comunicación entre las fuerzas de seguridad no sea eficiente o inmediata, por lo que en caso de robos, la cédula vigente o la cédula de autorizado facilitan el control de calle. Finalmente, recordemos que cuando en el pasado la cédula no tenía vencimiento, era común que los compradores circulasen con la documentación a nombre del vendedor, haciéndolo así responsable solidariamente por las patentes devengadas, las infracciones cometidas y los daños y perjuicios derivados de accidentes. Sin dudas este es uno de los cambios que más debería preocupar a la ciudadanía, en cuanto a la protección que brinda el Registro a los usuarios de automotores.

Para finalizar, un recuerdo sobre la capacidad de adaptación del Registro Automotor: la norma que le dio origen es de 1958. Unos años más tarde se denominó a 1960 como el “Año Motorístico Argentino”, y en el desarrollismo de esos años fueron 23 los proyectos de radicación de industrias automotrices en el país. Durante la década siguiente, la producción y comercialización de automotores se expandió como nunca en la historia, y el auge fue bien apuntalado por ese novel sistema registral, facilitando el resguardo del valor económico de la propiedad privada, y brindando servicio y seguridad jurídica a la variedad de actores (públicos o privados) que necesitaron de una manera u otra, relacionarse con el automotor.

Abogado y Director de la Revista Ámbito Registral