Las opiniones acerca de la seguridad jurídica están enfrentadas. Algunos arriesgan que no es importante pues, aducen, países con una justicia precaria reciben grandes inversiones. A su turno, los economistas neoclásicos no la ponderan. Pero, una vez que nos sacudimos las limitaciones de dicho modelo, y reconocemos la escasez de la información, resulta que la productividad del trabajo depende de la calidad de coordinación con el conjunto de personas de cuyo comportamiento depende nuestro ingreso y satisfacción. En particular, cuanto mayor el grado de interferencias sufridas en nuestra actividad menores los beneficios.
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Para mejorar el resultado, planificamos las decisiones que se basan en expectativas acerca de las posibles acciones de aquellos que influyen en los ingresos y costos de nuestra actividad. En particular, de los riesgos de sufrir pérdidas o daños inesperados, interferencias e incumplimientos. Cuando compramos una casa, la valoramos según las expectativas de que el Estado conserve un orden social y nos proteja de intrusos y delincuentes, la municipalidad mantenga las calles iluminadas, limpias y transitables, los impuestos sean razonables, los vecinos guarden cierto comportamiento, nuestros ingresos y los de toda la sociedad sigan cierta previsión.
La confianza en aventar tales riesgos está condicionada por la calidad del entramado institucional. En otras palabras, nuestros planes serán más o menos precisos, abarcadores y fundados según los comportamientos de todos aquellos que inciden en el resultado de nuestras decisiones. De tal modo, el orden institucional distingue a las naciones y, también, a las empresas. Las organizaciones que consiguen hacerse más previsibles, frente a su personal y al resto de la clientela, generan mayores recompensas. Seguridad jurídica es entonces previsibilidad del resultado de nuestras decisiones, apoyada en un entramado institucional en el que no sólo incide la organización de la Justicia sino también los demás poderes del Estado y componentes del entramado, como ideologías, culturas, familias, empresas, asociaciones, infraestructura, educación, comunicaciones, etc. Cada uno de tales componentes debe desbrozar de interferencias evitables la actividad de cada persona.
Mayores recompensas
Es fácil comprobar el rol de la seguridad jurídica. Las naciones más confiables facilitan la rentabilidad de las actividades, generan la mayor parte del ingreso del planeta y atraen los mayores recursos. El cuadro siguiente agrupa todas las naciones en tres categorías. En las que mejor resguardan las decisiones, la vida y patrimonios individuales, la gente obtiene mayores recompensas.
Los países seguros promedian un ingreso de casi 37.000 dólares por habitante; con apenas 14% de la población mundial consiguen 74% de los ingresos. En el polo opuesto, las naciones más riesgosas promedian 1.300 dólares por habitante; con 75% de la población mundial apenas logran 14% de los ingresos. Nítidamente, los recursos planetarios se vuelcan masivamente a las regiones seguras. Este grupo comprende las naciones escandinavas, Europa Occidental, EE.UU., Japón, Australia y Canadá. El de los más riesgosos abarca la mayoría de Asia, Africa y Latinoamérica. En este grupo, China está haciendo grandes progresos para afianzar las expectativas individuales y ascender al grupo de riesgo medio. El desbalance mundial en cuanto a riesgos en la toma de decisiones es claro. Los habitantes de los países más seguros ganan ingresos desproporcionadamente superiores porque la previsibilidad del entorno se traduce en cadenas de valor, asociaciones y combinaciones inmensamente más creativas que las de las naciones riesgosas. Su accionar está más liberado de obstáculos e interferencias evitables. Por ello, su ingreso es mayor. En cambio, la incertidumbre, las interferencias evitables, resultan en pobreza. Las sociedades riesgosas se dedican preferentemente a las actividades primarias porque el accionar humano les resulta más incierto que la naturaleza. Un mecanismo de resolución de conflictos. La estabilidad de las reglas de juego efectivamente aplicadas en la resolución de conflictos - seguridad jurídica- es el mayor soporte para el crédito y progreso de los pueblos porque permite desarrollar las combinaciones y asociaciones más creativas y abarcadoras, al atenuar los riesgos de incumplimiento o interferencia. Con reglas estables, los individuos son los que deciden.
En cambio, cuando las normas varían, el poder está en los que aplican tales normas. Entonces, la seguridad jurídica se traduce en la estabilidad de las reglas de juego por sobre los intereses circunstanciales y fines particulares. La cuestión central es cómo se resuelven los conflictos que permanentemente enfrentan las personas en sus actividades. Las cifras del cuadro resaltan que la mayoría de la humanidad los resuelve privilegiando los fines de unos por sobre los de otros; el poder lo ejercen quienes aplican las normas. Ese favoritismo, ya sea basado en la fuerza, ideologías o afinidades, se traduce en reglas distintas para cada caso particular. La real desigualdad de oportunidades. Esa capacidad de favorecer a determinados sectores o actores, alterando las normas, constituye la fuente de poder político que nutre al populismo. Tal forma de resolución de conflictos no favorece la búsqueda de las ventajas mutuas individuales. Por ello, las sociedades que favorecen los fines de unos sobre los de otros son menos competitivas. En cambio, las sociedades prósperas están concretando las ventajas de aplicar reglas estables por sobre los intereses divergentes. Y así desarrollan las ventajas mutuas de la complementariedad de las personas y la coordinación de sus actividades. Proceso que se facilita con la ausencia de tolerancia a los que interfieren en las decisiones individuales. La máxima aplicable es: el fin no justifica los medios. Los fines individuales son personales y, por lo tanto, no necesitan negociarse ni deben imponerse. En cambio, los medios de alcanzar tales fines son comunes y su empleo debe negociarse. El uso más valioso de tales medios se logra con transacciones enmarcadas en reglas estables y generales. El que, en ese ambiente, ofrece más a cambio decide su empleo. El costode oportunidad guía la asignación de recursos; el ingreso se maximiza.
Para el Estado ningún fin individual debe ser superior a otro; debe permanecer neutral respecto de los fines de unos y otros. Entonces, la seguridad jurídica es un método de resolución de conflictos. Frente a los antagonismos y visiones particulares, reglas estables de actuación y medición para encontrar el uso más productivo.
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