En la fecha se cumplen 10 años de la jura por los convencionales del texto reformado de la Constitución nacional, en un acto que se hizo en el Palacio de San José en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. En esa oportunidad, el acontecimiento concentró a los principales dirigentes de la política argentina de la última década, de Carlos Menem a Néstor Kirchner, pasando por Eduardo Duhalde, Alvaro Alsogaray, Rubén Marín, Aldo Rico y Raúl Alfonsín. Despuntaron allí nuevas camadas de dirigentes que harían camino desde entonces, como Chacho Alvarez, Eugenio Zaffaroni, Graciela Fernández Meijide, Cristina Fernández de Kirchner,Aníbal Ibarra, Juan Carlos Maqueda, Horacio Massaccesi, Ramón Mestre, Eduardo Arnold, Ramón Ortega, Ramón Puerta, Carlos Reutemann, Elisa Carrió, Adolfo Rodríguez Saá, Juan Carlos Romero, Horacio Rosatti, entre otros. La redacción de aquel texto desató polémicas desde el mismo pacto de Olivos, cuyos detalles reveló este diario como primicia nacional. Dividió aguas en el oficialismo y en la oposición. Entre los peronistas fue fácil el pronto acuerdo y todos los herederos de Perón se enfilaron, como muchos funcionarios del actual gobierno (el matrimonio Kirchner, Alberto Iribarne, Horacio Rosatti, Eduardo Valdez) en el apoyo al reclamo clave del entonces oficialismo, la reelección de Menem. En la oposición la división fue más honda, perforó al radicalismo que fue a la convención sin el sector antialfonsinista que, beneficiado por esa reforma, pudo alcanzar el poder en 1999 con Fernando de la Rúa. Uno de los constituyentes decisivos en la bancada del peronismo, el ex juez de la Corte Suprema Héctor Masnatta, hace en el texto que sigue un intento de balance de la suerte de la Constitución reformada en estos diez años.
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La Carta primigenia no evitó los golpes militares, el fraude patriótico, la década infame. Tampoco la vigente ha sido la pócima milagrosa que curara por ensalmo los males argentinos. A 10 años de su sanción, la descomposición política, económica y social (no sólo en el país: Alain Joxe habla del imperio del caos) comprometen el mismo Estado de derecho. La desconstitucionalización es el resultado de aberraciones como el diligente dictado de «leyes» exigidas por organismos internacionales o gobiernos extranjeros, el eclipse de los derechos sociales, la confusión de roles de los Poderes (el Legislativo juzga, el Ejecutivo legisla, el Judicial fija políticas).
Pero un camino para la salida es defender el constitucionalismo, no devaluarlo. La oferta de libertad, bienestar y justicia que hace la Constitución obliga a la identificación con las instituciones libres, a promover la responsabilidad y el comportamiento virtuoso de la sociedad.
Esta tarea debe ser encarada con pasión. Se ha llamado patriotismo constitucional (Habermas) esa lealtad a los principios de libertad, dignidad y democracia.
Para hacer grandes cosas, dijo Saint Simon en su lecho de muerte, hay que estar apasionado. Eso apareja el don de apasionar a los demás.
Amar al país no es solamente el amor a la etnia y la lengua comunes. Conlleva proteger la libertad: la República y el modo de vida libre requieren la lucha permanente contra la tiranía, el despotismo, la corrupción.
La primera década de la Constitución reformada en 1994 ha propiciado mayoritariamente el examen resultadista; el Presidente Alfonsín -aunque destaca los avances en materia de derechos y garantías constitucionales- señala que no se ha reglamentado completamente la normativa. Se enumeran leyes pendientes sobre coparticipación federal: marcos regulatorios de servicios públicos; decretos de necesidad y urgencia. Otros comentarios invocan la permanencia de los vicios políticos, la concentración del poder en el Presidente; la abdicación de facultades del Congreso.
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