Economía ambiental

(«Veo un avance con el plan de saneamiento del Riachuelo y con considerar a la política ambiental como política de Estado.» Esta frase pertenece a Mariana Conte Grand, directora del Departamento de Economía del CEMA, aunque destaca que la preocupación no surgió del gobierno, sino que «se le vino encima». Para la especialista, la Argentina está atrasada en el control ambiental y de nada sirve sanear el Riachuelo si no hay un seguimiento y si los comportamientos no cambian.)

PERIODISTA: ¿Cómo se hace aquí política ambiental?

Mariana Conte Grand: Hay tres estilos: el primero surgió en los 70 y se refiere a poner estándares que la empresa tiene que cumplir. El segundo está más relacionado con el mercado, no tanto dar órdenes y fiscalizar sino poner impuestos o tasas. El tercero es el más moderno, se trata de difundir información sobre el comportamiento ambiental de las empresas para que los consumidores o accionistas las sancionen.

P.: ¿La Argentina está preparada para el control ambiental y para ese tipo de regulaciones?

M.C.G.: Más o menos. La regulación que tenemos es de comando y control, es decir, de la primera ola. Hay estándares para autos, para las emisiones de aguas argentinas... de la segunda ola ya hay menos. Existen tasas ambientales, pero no son impuestos. La diferencia está en que la tasa se cobra para proveer un servicio, y un impuesto ambiental tiene la idea de incentivar a la gente a cambiar el comportamiento. De la tercer ola no hay nada, ni siquiera se puede ver cómo va la recaudación de la tasa y las estadísticas ambientales son muy pobres.

P.: ¿Existe control por partedel Estado?

M.C.G.: Poco, siempre hay algún argumento. En la década de los 90 no había mucha persecución a las empresas y después, con la crisis, quien iba a controlar si las compañías se estaban muriendo. Pero ahora veo un avance con el plan de saneamiento del Riachuelo y con considerar a la política ambiental como política de Estado, señal que se ve en los discursos de Kirchner. El tema es que no surgió del gobierno sino que se le vino encima. La que estuvo bien fue la Corte Suprema.

P.: ¿Cuál sería una forma eficiente de gastar los $ 3.000 millones destinados a sanear el Riachuelo?

M.C.G.: Por un lado, hay que resolver el tema de las cloacas, que le quedó pendiente a Aguas Argentinas. Después está el tema de las empresas con sus vertidos ilegales y los basurales; ahí es donde hay que controlar, sancionar y educar. No basta con anuncios de un día, es a largo plazo. No sirve de nada limpiar el Riachuelo si todo sigue igual. Hay que incentivar a las empresas a que cambien su conducta y contaminen menos. Además tiene que haber una sanción social de la gente que tira la basura en cualquier lado.

P.: ¿Cómo funciona el mercado de bonos de carbono en la Argentina?

M.C.G.: Es bárbaro desde el punto de vista de la economía ambiental. Para bajar las emisiones de gases de efecto invernadero crea unos mercados de emisiones, que son los bonos de carbono. Pero en el protocolo hay dos tipos de países: los desarrollados que son históricos contaminadores y los en desarrollo. La Argentina entra en la segunda categoría y con ella tiene derecho a ciertos tipos de instrumentos, al que accedemos se llama «mecanismo de desarrollo limpio». La idea con este instrumento es que hay que tener un proyecto que reduzca emisiones y conseguir a alguien que las quiera a cambio de dinero para emitir en su país. Pero el bono no se lo podés vender a cualquier empresa, la Argentina sólo puede hacerlo a países desarrollados.

P.: Si hoy se tuviera que diseñar la política ambiental de la Argentina ¿qué tendría que plantear el gobierno?

M.C.G.: Lo primero sería analizar los instrumentos que se tiene. Por ejemplo, en el caso del aire, hay que poner todas las leyes que están superpuestas y ver qué contradicciones hay para modificarlas. También adaptar los estándares para evitar los que son muy ambiciosos; es preferible cumplir que tener un estándar muy alto al cual nunca se llega. Lo segundo es revisar las tasas y modificarlas para dar incentivos, que los que más contaminen se den cuenta que les sale caro y opten por contaminar menos. No es necesario incurrir en el costo político de llamarlas impuestos. Lo tercero sería eficientizar y controlar. No irse por las ramas de la discusión ambiental no razonable y decir que vas a contaminar 0, que no puede ser.