Los controles de precios «terminan muy rápidamente en el olvido cuando es evidente que son insostenibles». El concepto pertenece a Leonardo Gasparini, director del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la Universidad de La Plata. El economista, doctorado en Princeton y quien compartiera el premio Fulvio Pagani en 2001 por un ensayo sobre distribución del ingreso, aseveró también que «en una economía con un enorme nivel de informalidad como la argentina, los ajustes al salario mínimo son una herramienta distributiva inefectiva».
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Periodista: ¿Cree que los acuerdos de precios son medidas adecuadas para combatir la inflación?
Leonardo Gasparini: La experiencia sugiere la inefectividad de los controles de precios. Comienzan con mucho espacio en la prensa, cierto entusiasmo en la población, y terminan muy rápidamente en el olvido cuando es evidente que son insostenibles. Me parecen preocupantes los efectos que puedan tener en la microeconomía. La política económica debería fundarse en reglas simples y claras, y los controles de precios son un camino justamente en la otra dirección.
P.: ¿Cómo espera que impacte distributivamente el aumento en el salario mínimo que tiene en agenda el gobierno, dada la informalidad existente en el mercado laboral argentino?
L.G.: El debate no está saldado. Mi presunción es que en una economía con un enorme nivel de informalidad como la argentina, los ajustes al salario mínimo son una herramienta distributiva inefectiva. Sin embargo, hay algunos estudios para otros países que sugieren que aun con alta informalidad, permiten incrementos en las remuneraciones de gran parte de los trabajadores no calificados, y tienen entonces un efecto significativo sobre la pobreza y la desigualdad. Obviamente, el mínimo debe mantenerse en un nivel tal de no crear enormes incentivos a la informalidad.
P.: ¿Cuán significativo considera usted el frecuentemente mencionado problema de la desigualdad para la economía?
L.G.: Creo que la excesiva desigualdad de ingresos es un problema importante tanto per se como por sus efectos. Las sociedades muy desiguales se caracterizan por tener baja calidad institucional, graves problemas de seguridad y serias dificultades para el crecimiento sostenido. Independientemente de este argumento, y según confirman numerosos estudios, la mayoría de la gente en el mundo tiene preferencias por la igualdad, por razones éticas. Esta «preferencia por la igualdad» no implica en general que la gente pretenda una sociedad totalmente igualitaria, sino más bien que está dispuesta a sacrificar algún punto de eficiencia económica o de crecimiento por una distribución más equitativa. No obstante esto último, la Argentina no tiene un sistema permanente de monitoreo del impacto distributivo de sus políticas públicas, ni siquiera de los programas presupuestariamente más relevantes.
P.: ¿Por qué cree que la desigualdad en Latinoamérica es la mayor del mundo, superando a todas las otras regiones? ¿Cuáles son los determinantes de esa situación?
L.G.: Hay varios determinantes directos importantes. La distribución de la educación en América latina es muy desigual comparada con el resto del mundo (salvo Africa). El pobre desarrollo de los mercados de capitales y los shocks macroeconómicos continuos contribuyen a incrementar la desigualdad, ya que tienen efectos asimétricos sobre los pobres. América latina también se caracteriza por una muy desigual distribución de la tierra, en comparación con otras regiones. La baja institucionalidad y la alta corrupción también están emparentadas con alta desigualdad. Finalmente, la región se caracteriza por una baja focalización y eficiencia del gasto público social.
P.: La desigualdad ha aumentado en el país en los últimos años, ¿cuáles fueron las causas económicas?
L.G.: Las razones de este aumento son seguramente muchas y complejas. Yo distingo al menos tres grupos. El primero es el de las crisis macroeconómicas. Por diversas razones, en períodos de fuertes desajustes, el ingreso de los pobres cae desproporcionadamente. Cuando la economía se recupera, es difícil volver a la situación precrisis.
El segundo grupo de razones incluye varias reformas realizadas primero tímidamente a fines de los 70 y con mayor intensidad en los 90: apertura, liberalización y desregulaciones, en un escenario de retraso cambiario. Estas reformas implicaron un shock de incorporación de capital y tecnología, que modificó la forma de producir, tanto en el sector privado como en el público, desplazando fuertemente a la mano de obra no calificada. Este cambio ocurrió muy de golpe y en un contexto de débiles instituciones laborales.
La tercera «causa» es el fracaso del Estado para aliviar la transición a una economía más moderna, y el fracaso en alentar un aumento en el capital humano de la población carenciada, que le hubiera permitido afrontar tanto los shocks macro como los shocks estructurales en mejor posición.
P.: La progresividad o regresividad de la política tributaria surge frecuentemente en la discusión. ¿No cree que en los países subdesarrollados el Estado recauda lo que puede y como puede, y no lo que quiere y como quiere?
L.G.: Efectivamente creo que es así. La política tributaria debe ante todo recaudar, para así brindar los fondos a la política de gasto que debe hacer el «trabajo distributivo». Esto no significa que hay que renunciar a una política tributaria más progresiva. La Argentina debe avanzar hacia un sistema impositivo más progresivo, con mayor injerencia del Impuesto a las Ganancias de las personas, pero no al costo de perder recaudación, o al de crear desincentivos a la inversión.
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