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Cuando el gobierno de la Argentina firmaba el acuerdo con el FMI en setiembre de 2003, decía que el entendimiento respetaba 100% las necesidades de nuestro país de ese momento (recién hacía un año que estábamos fuera del peligro de la hiperinflación), que el Fondo no nos había impuesto nada y que por lo tanto sería perfectamente cumplible.
El programa contenía un capítulo de políticas macroeconómicas con metas fiscales y monetarias que hasta ahora han sido sobrecumplidas en ambos casos. Es más, el resultado primario de 2004 superará 4% del PBI (1% por encima de lo firmado con el FMI). En cuanto a la política monetaria, en realidad no la hay. El Banco Central funciona como una caja de conversión: compra todos los dólares que le ofrecen emitiendo pesos que luego absorbe con el superávit fiscal ante una demanda de dinero que crece muy poco. En este contexto, cumplir las metas monetarias es una tautología.
El segundo capítulo contenía una reforma estructural que, según el FMI y el gobierno, era necesaria para promover el crecimiento sostenido. La reestructuración de la deuda en default inicialmente nos comprometimos a tenerla finalizada en junio de 2004.
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