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En primer lugar, hay razones para dudar que la medida se traduzca en baja de los precios. En segundo lugar, es distorsiva para las actividades que funcionan con una alta proporción de insumos gravados con la tasa general. En tercer lugar, agrega nuevos problemas a la AFIP en su tarea de controlar la evasión. Sin embargo, el aspecto más vulnerable es que, en el mejor de los casos, tendrá un impacto puntual y de alcance limitado.
La Argentina está entrampada en un círculo vicioso de muy alta presión impositiva nominal (lo que dicen las normas) y muy baja presión impositiva efectiva (lo que efectivamente recauda el Estado). En otras palabras, la recaudación es baja porque pocos contribuyentes cumplen, y pocos cumplen porque la presión impositiva es tan alta que supera sus posibilidades de pago, o porque consideran que el nivel de imposición es tan exagerado que legitima evadir parte o la totalidad del tributo.
La idea sería insertar las bajas puntuales del IVA sobre alimentos dentro de un proceso más ambicioso que apunte a un esquema tributario más racional. Esto es, que permita generar niveles de recaudación compatibles con el equilibrio fiscal, pero a través de una estructura impositiva más compatible con el desarrollo. Es decir, menos impuestos, a tasas más bajas que las actuales, pero que todos los paguen.
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