El conflicto en Medio Oriente ha desencadenado una crisis de alcance global. La destrucción de la infraestructura energética en diferentes países tendrá efectos aún inimaginables.
Las refinerías se convirtieron en blancos estratégicos en la actual guerra.
A cuatro semanas de iniciada la guerra contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel, la “Operación Furia Épica” – presentada por Donald Trump como una acción destinada a “defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas eminentes del régimen iraní” – comienza a mostrar resultados que distan de los objetivos declarados.
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Lejos de estabilizar el escenario internacional, el conflicto ha desencadenado una crisis energética de alcance global. En este contexto, el director de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol, advirtió que el mundo podría enfrentar la mayor crisis energética de la historia, superando el efecto combinado de lo que supusieron juntos los dos shocks petroleros de la década de 1970 y las consecuencias de la guerra de Rusia-Ucrania iniciada en 2022.
El cálculo inicial de Donald Trump, que suponía un conflicto de corta duración, ya no es un escenario posible. Aun en el hipotético caso de una rápida resolución, las consecuencias sobre el sistema energético mundial se proyectan en el corto y mediano plazo. La destrucción de la infraestructura energética en diferentes países del Golfo Pérsico –corazón energético global– tendrá efectos aún inimaginables.
El ataque a South Pars –mayor yacimiento de gas del mundo que comparte Irán con Catar– marca un punto de inflexión. El ministro de Estado para Asuntos Energéticos y director ejecutivo de QatarEnergy, Saad al-Kaabi, declaró que “los daños sufridos por las instalaciones de GNL tardarán entre tres y cinco años en repararse”. Agrega que “los ataques con misiles redujeron la capacidad de exportación de GNL de Qatar en un 17% y causaron una pérdida estimada de U$S 20 mil millones en ingresos anuales”.
Asimismo, resulta fundamental dimensionar la relevancia de Irán en el sistema energético global. El país posee la tercera mayor reserva de petróleo del mundo, con aproximadamente 209.000 millones de barriles, y la segunda mayor reserva de gas natural, con cerca de 1.200 trillones de pies cúbicos, y es el cuarto productor de crudo de la OPEP. A ello se suma su localización estratégica en los márgenes del Estrecho de Ormuz, uno de los principales nodos del comercio global.
Previo al conflicto, por este corredor transitaba alrededor del 20% del consumo mundial de líquidos derivados del petróleo y cerca del 20% del comercio global de gas natural licuado (GNL), en gran medida proveniente de Qatar. Además, aproximadamente el 84% del petróleo y el 83% de GNL comercializados a través del estrecho de Ormuz fueron destinados al mercado asiático en 2024. China, India, Japón y Corea del Sur fueron los principales destinos, por lo que estos mercados serían probablemente los más afectados ante interrupciones en el Estrecho.
En este marco, los efectos inmediatos no tardaron en manifestarse. El precio del barril de petróleo registró fuertes incrementos, alcanzando picos de 120 dólares el 19 de marzo y oscilando luego en torno a los 100 dólares hacia el 26 de marzo, mientras que el gas natural experimentó un salto significativo, llegando a duplicarse en el momento más crítico del conflicto y estabilizándose posteriormente en niveles cercanos a los 18 dólares por MMBtu, aproximadamente un 80% por encima de los valores previos; a su vez, estos movimientos se trasladaron rápidamente a los mercados internos, donde los combustibles en Estados Unidos, por ejemplo, registraron aumentos cercanos al 24%, situación que complejiza la economía interna del país de cara a las elecciones de medio término.
Si bien Estados Unidos depende tan sólo en un 2% del petróleo en su consumo interno proveniente del estrecho gracias a la revolución de los hidrocarburos no convencionales –que lo ha posicionado como el principal productor de petróleo y principal exportador de GNL en el mundo–, la volatilidad de los precios trasciende estas fronteras. En contraste, la Unión Europea presenta una mayor vulnerabilidad, especialmente tras el corte de suministro de gas ruso por el conflicto en Ucrania, que lo ha obligado a recurrir crecientemente a la importación de GNL, en particular desde Estados Unidos. Esta situación ha llevado a países como Alemania a adoptar medias de emergencia ante la suba diaria de los precios de la energía.
En el escenario descrito, donde el mercado energético global se encuentra profundamente trastocado, Argentina no permanece ajena al conflicto. Lejos de implementar medidas de protección frente a este nuevo contexto internacional, el gobierno ha optado por una estrategia de no intervención en el mercado energético y de apoyo militar a Estados Unidos e Israel.
La secretaria de Energía, María Tettamanti, sostuvo que los efectos del conflicto constituyen “un fenómeno transitorio” y que “el sector deberá autorregularse para ver cómo maneja esta coyuntura; vamos a mantener nuestra política [de no intervención]”. Asimismo, afirmó que “el Estado tiene que dejar que el privado gestione. No vamos a tomar ninguna medida desde el gobierno para intervenir en los mercados, que deben funcionar por sí mismos”.
La orientación del modelo, se vuelve aún más evidente en las declaraciones del presidente Javier Milei en Hungría, donde afirmó que Argentina está en condiciones de “garantizar la seguridad energética de Europa” y que el país atraviesa una “fiebre del oro en inversiones de energía”.
El presidente reforzó esta línea al señalar que “nosotros le ofrecemos [a Europa] algo mejor. Un socio confiable con reservas enormes y un gobierno que honra sus contratos”. Esta referencia a “honrar contratos” se vincula directamente con las reformas impulsadas por la Ley de Bases, que reconfiguran el marco regulatorio del sector energético, reduciendo la capacidad de intervención estatal y otorgando mayores garantías al capital petrolero orientado a la exportación de hidrocarburos. En particular, la modificación del artículo 6 de la Ley de Hidrocarburos N°17.319 limita las herramientas del Estado para desacoplar los precios internos de los internacionales en circunstancias excepcionales, como las derivadas de un conflicto bélico.
En estos términos, la energía es concebida por el Presidente solamente como un commodity de exportación y no como un insumo estratégico para la producción. Una expresión de ello es la caída interanual del 8,9% de la demanda de electricidad en el país, siendo especialmente significativo que el consumo del sector industrial –menos influido por factores climáticos– se redujo en un 6,9%, indicador que evidencia el deterioro del entramado productivo nacional y profundiza el proceso de desindustrialización en curso.
Esta situación tiende a agravarse, en la medida que las fluctuaciones del mercado internacional no tarden en trasladarse a los precios internos. Horacio Marín, presidente de YPF, llegó a recomendar públicamente “vamos a ser honestos: si tenés que cargar nafta mañana, cargá hoy. Si vos creés que las cosas van a ir aumentando, cargá antes”. Si bien posteriormente intentó enviar otro mensaje, señalando que la empresa no trasladaría de inmediato los precios internacionales mientras el fenómeno fuera transitorio, también dejó en claro que, ante un escenario de precios sostenidos en torno a los U$S 90 o U$S 100 por barril, ese traslado sería inevitable.
La única verdad es la realidad. Los combustibles en Argentina ya registran aumentos de hasta un 20% como consecuencia de la guerra. Más aún, si se observa el periodo comprendido entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, los incrementos acumulados alcanzan aproximadamente el 500% en nafta súper y 400% en nafta premium. Tendencia, que, de mantenerse, incrementará la dinámica inflacionaria que, lejos de desacelerarse, ha mostrado nuevos incrementos en los últimos meses.
En suma, los combustibles en la era Milei aumentan a un ritmo superior a la inflación declarada por el INDEC. Incluso, el impuesto a los combustibles se incrementó en un 1.227%, y no hemos visto al presidente, como él advertía, “cortarse un brazo” si aumentaba algún impuesto.
Este cuadro de situación, se produce además, en un contexto en el cual Argentina alcanzó una producción cercana a los 861.000 barriles diarios en diciembre de 2025, lo que representa un incremento del 15% respecto al mismo mes de 2024. Este crecimiento consolida el sendero expansivo de Vaca Muerta y posiciona al país como un actor cada vez más relevante en el mercado energético regional y global.
Sin embargo, lejos de traducirse en una estrategia de desarrollo nacional, este crecimiento se inscribe en un modelo de creciente extranjerización del sector y profundización del patrón de acumulación extractivista. Esta tendencia se ve reforzada por la ampliación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que, en un contexto de crisis energética global, habilita el ingreso de los proyectos de explotación petrolera –en particular del segmento upstream– otorgando beneficios fiscales por 30 años, que nada bueno aporta al país.
Cabe una pregunta inevitable. ¿Cómo explica el presidente Javier Milei, desde la escuela austríaca, el funcionamiento del mercado petrolero cuando este deja de regirse por la “mano invisible” y pasa a regirse por bombas del imperio norteamericano?
Parafraseando a Yves Lacoste. La energía: un arma para la guerra.
Agradezco al Ing. Francisco Carlos Rey por su valiosa colaboración en la evaluación de la demanda eléctrica nacional.
Autor de Crítica de la energía política (2025). Doctorando en Economía Política Mundial (UFABC, Brasil), Ingeniero Electricista (UNRC), Magíster en Gestión de la Energía (UNLa), Diplomado en Anticipación Estratégica y Gestión de Riesgo (UNDEF), Analista de Nodal. Docente en UNPAZ. Redes: @nicomalinovsky.
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