El nuevo modelo del proceso penal argentino plantea abandonar la matriz escrita y lenta del expediente tradicional y desplazar ese eje hacia la oralidad, la estrategia y la gestión dinámica de la prueba.
El desafío que plantea el sistema acusatorio actual es también cultural.
La Justicia penal argentina cambió de sistema, pero muchos de sus operadores siguen litigando como si nada hubiera pasado. Es, en realidad, una transformación profunda en la lógica con la que se investiga, se acusa y se juzga. Como toda modificación estructural, expone rápidamente sus tensiones: el sistema cambió, pero muchos de sus operadores siguen formándose con esquemas que ya no responden a la realidad.
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Durante décadas, el proceso penal argentino se apoyó en una matriz escrita, burocrática y lenta, donde el expediente ocupaba el centro de la escena. El nuevo modelo, en cambio, desplaza ese eje hacia la oralidad, la estrategia y la gestión dinámica de la prueba. Ya no alcanza con redactar escritos y recitar artículos: es necesario construir un caso, sostenerlo en audiencias y tomar decisiones en tiempo real. Este desplazamiento, que puede parecer técnico, tiene consecuencias muy concretas en delitos complejos como el narcotráfico, la corrupción o el lavado de dinero.
En esos escenarios, la diferencia entre un buen y un mal litigante no es teórica, sino práctica. Se define en la capacidad de anticipar movimientos, administrar evidencia e intervenir con precisión en momentos críticos del proceso. Sin embargo, gran parte de la formación jurídica sigue anclada en un esquema que prioriza la acumulación de conocimiento por sobre su aplicación estratégica. El resultado es un desfasaje evidente entre lo que el sistema exige y lo que muchos profesionales están en condiciones de ofrecer.
Frente a ese vacío, aparecen propuestas que buscan adaptarse a esta nueva lógica. Algunas iniciativas académicas intentan romper con la inercia del derecho enseñado como una disciplina abstracta y acercarlo a la práctica del litigio. La incorporación de simulaciones, el entrenamiento en audiencias y el abordaje de la criminalidad compleja forman parte de ese proceso de adecuación.
Este tipo de formación no solo responde a una necesidad profesional, sino también institucional. Un sistema acusatorio que funciona mal no es neutro: impacta directamente en la calidad de las investigaciones, en la eficacia de las condenas y en la confianza pública en la justicia. Cuando quienes intervienen no están preparados para litigar en este contexto, se resiente la credibilidad del sistema, ya de por sí comprometida.
Además, la complejidad de los delitos actuales obliga a mirar más allá de las fronteras locales. El crimen organizado, los delitos económicos y muchas modalidades delictivas operan en redes que trascienden jurisdicciones. Por eso, incorporar una perspectiva internacional ya no es un valor agregado, sino una condición necesaria para comprender y enfrentar estos fenómenos, y para dar cumplimiento efectivo a los mandatos internacionales que pesan sobre el Estado nacional. Mientras el narcotráfico profesionaliza sus estructuras, parte de la Justicia sigue funcionando con herramientas del siglo pasado.
En definitiva, el desafío que plantea el sistema acusatorio es también cultural. Exige abandonar la comodidad del derecho como saber declarativo, propio de una “elite de académicos", y asumirlo como una herramienta de intervención concreta, donde la sociedad audita el actuar judicial a través de la oralidad y la publicidad. Implica formar profesionales que no solo entiendan las reglas, sino que sepan utilizarlas con inteligencia, rapidez y eficacia.
La pregunta de fondo es si el sistema judicial argentino está dispuesto a acompañar ese cambio o si seguirá funcionando con lógicas del pasado en un contexto que ya es completamente distinto.
Porque cuando la formación no evoluciona al ritmo de las instituciones, el riesgo no es solo la ineficiencia: es la pérdida de credibilidad de la justicia como herramienta para resolver conflictos en una sociedad cada vez más compleja. Porque una Justicia que no sabe adaptarse a las reglas del presente termina condenada a fracasar frente a los delitos más complejos del futuro.
Abogado y Coordinador de investigaciones judiciales de la Fundación Apolo.