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En primer lugar, la ratificación del Tratado requiere la unanimidad de los Estados miembro. Estos emplearán ya la vía del referéndum (Francia, España, Gran Bretaña entre once de ellos), ya la parlamentaria ( Italia, Alemania y otros cuatro). Los ocho restantes no se han definido. Si no se logra el consenso, nada hay previsto.
El arribo de Bulgaria y Rumania -socios inminentes- y la negociada adhesión de Turquía -cuya población es considerable no han de contribuir precisamente a solventar estos problemas.
Al lado de esta lista de pérdidas, el saldo de nuevas instituciones, que se declara positivo, no es compensatorio. Una nueva figura, el canciller -que será también vicepresidente de la Comisión-, un presidente electo por mayoría calificada por 30 meses, en sustitución de la presidencia semestral rotativa; un Parlamento congelado en 750 bancas, más que logros estelares vaticinan dificultades.
La política exterior requiere la plena unanimidad, lo que erosiona la maniobrabilidad del ministro; el nombre del futuro presidente ya suscita candidaturas encontradas (el aún no concluso episodio de Buttiglione puede repetirse ampliado), y el techo puesto al Parlamento ha de chocar con las expectativas de los nuevos países. Qué es, entonces, lo que se debe celebrar? En primer término, la visión de una Europa más unida y gobernable. Vinculan a los países «los valores universales de los derechos inviolables e inalienables de la persona, de la democracia, de la igualdad, de la libertad y del estado de derecho» (cita del Preámbulo). El art.I-1 declara que tales valores son comunes a los Estados miembro
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