Los políticos que proponen no someterse a «la dictadura de los mercados» incurren en un contrasentido terrible, similar a no someterse «a la dictadura de la Constitución» o a «la ley de gravedad». El hecho es que los mercados y las reglas de la Constitución reducen la incertidumbre y expanden la capacidad productiva de los países; no son el invento de un genio particular, sino el mecanismo de resolución de conflictos perfeccionado en sociedades que, justamente por acatar esas reglas, progresan y ganan preeminencia.
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Es sabido que los seres humanos necesitamos desarrollar reglas y mecanismos de interacción social para vivir mejor. Los mercados integran la matriz institucional que provee dichos mecanismos. Protegen a la gente, consiguen que los consumidores paguen un mismo precio y los productores cobren lo mismo, sin importar sus costos unitarios ni argumentos personales. Merced a las reglas y los mercados, no hay privilegios personales. Ahora bien, el uso de mercados no implica ausencia del Estado. Todo lo contrario. La eficacia de los mercados está condicionada por el Estado, que debería velar porque nadie quede excluido de sus ventajas. Que ninguno que pueda ofrecer productos a un precio inferior, o que esté dispuesto a pagar un precio superior, quede marginado por interferencia de competidores, funcionarios o influyentes.
Los mercados garantizan trato parejo a consumidores y productores. Uno de los resultados del buen funcionamiento de los mercados es que los precios no reflejan los costos contables de cada productor, sino costos de oportunidad, lo más valioso que la sociedad deja de producir para entregar una unidad adicional del bien en cuestión. Este mecanismo permite a las naciones con mercados más libres de interferencias ganar los mayores ingresos y pagar los salarios más elevados al conseguir que los recursos se empleen de las formas más productivas.
El ejemplo son los EE.UU., Europa Occidental, Japón, Canadá y Australia, donde los mercados funcionan en alto grado. La reciente expansión de China resulta del uso más intensivo de los mercados. Sin excepción, los estados que velan por el buen funcionamiento de los mercados, con más libertad y menos interferencias, brindan las mayores remuneraciones a su gente. En forma opuesta, donde el Estado irrumpe para fijar los precios de los bienes, se deteriora la calidad de la información, la asignación de recursos y las expectativas en que se basan las decisiones individuales, entre ellas, nuevos emprendimientos, contrataciones de personal y las inversiones. Por ello, en lugar de control de precios, los estados avanzados recurren a la política monetaria para contener los índices de precios dentro de ciertas pautas. En vez de sostener a un ente vigilante de cada uno de los millones de precios en diferentes condiciones, calidades y localizaciones, se encarga al Banco Central encauzar el nivel general de precios, o de una canasta de bienes, a través de la política monetaria-cambiaria. Precio bajo vs. satisfacción del consumidor.
El control de precios exige una pauta para determinar los precios admisibles, como se hacía en la Edad Media. Generalmente, se controla que los precios no excedan de cierto porcentaje sobre los costos contables de cada productor. En la lógica del control, el proveedor que muestra mayores costos tiene posibilidades de cobrar más, aunque ofrezca mercancías de calidad inferior. Al cabo de un tiempo, el control de los precios resulta en artículos deficientes, respecto de los ofrecidos en los países donde rigen los mercados libres. Como los controladores estatales no pueden medir la satisfacción del cliente, la calidad se deteriora. Así, cuando las empresas quieren introducir productos mejorados, con mayor precio o rentabilidad, eso es retaceado por los agentes de control.
El control de precios impone un conflicto irremediable entre los objetivos del funcionario -que los precios permanezcan bajos- y los de la población -que los bienes sean satisfactorios y abundantes-. Por eso, en las sociedades modernas el control de precios está desacreditado. Simplemente, los consumidores exigen los bienes más satisfactorios -cantidad y relación precio/calidad- sin interesarles cuáles son las ganancias del productor ni la opinión de los funcionarios. El despilfarro de recursos para controlar precio por precio no termina en el deterioro de la calidad.
Castigos
El ente de control debe repasar los cálculos que efectúa cada uno de los proveedores, discutir con sus agentes y transmitir el sentido de sus resoluciones. Debe imponer un mecanismo de castigo a los que venden por encima, a los que acopian mercadería y no la entregan, a los que reducen la calidad, el tamaño o cualquiera de los atributos de los bienes y servicios. Un Estado que no cuenta con medios para controlar el delito tradicional debe inventar una nueva esfera de delitos, medirlos, comprobarlos y sancionar los desvíos. Esa actividad confunde a la población, que muchas veces toma partido por el proveedor que le consigue los bienes apetecidos y contra el funcionario que, controlando precios, le impide obtenerlos. Sobre todo, parece antidemocrático e ineficaz que los consumidores y productores deban quedar pendientes de que los funcionarios convaliden los precios de los artículos que quieren comprar y vender. El cliente tiene mayores incentivos e información para decidir su compra en un comercio que para votar los candidatos en una elección política. Si el voto en la política es una decisión soberana de la persona, mucho más lo es la compraventa. El que puede votar sin tutelas debe decidir su compra y la venta sin controles de precios oficiales.
Finalmente, el control de precios y la intervención de los funcionarios en la economía terminaron con la Unión Soviética y el comunismo. No obstante, algunos países rezagados insisten en el error. En cambio, las naciones que progresan escapan a esa trampa. La decisión es de los compradores.
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