El traspaso de la Policía a la Ciudad de Buenos Aires se ha convertido en el conflicto central entre el futuro jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y el Poder Ejecutivo Nacional.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
El argumento de que puede se transferida sin la correspondiente partida alegado por voceros del gobierno nacional entra en abierto conflicto con el inciso 2 del artículo 75 de la Constitución nacional que concretamente establece que «No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la Ciudad de Buenos Aires en su caso».
Este inciso fue incluido por los constituyentes en la reforma de 1994, en momentos en que la administración Menem impulsaba la transferencia de diversos servicios a las provincias -entre ellos la educación-, y los gobernadores -entre ellos Kirchner- quisieron asegurarse que se hiciera con la partida correspondiente.
Por esta razón, si el Ejecutivo accede a transferir los servicios, en este caso el de Policía, debe hacerlo con la partida correspondiente.
Pero resuelto el tema del financiamiento, cabe analizar cómo se realiza la transferencia.
Vale recordar que la actual Policía Federal, que cumple las funciones de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, fue la Policía de la Capital hasta el gobierno de facto de 1943. Es decir que, entre 1880, cuando se federalizó la Ciudad de Buenos Aires, y durante más de ochenta años, quien estuvo a cargo de la seguridad porteña fue una Policía de distrito.
Desde esta perspectiva, el reclamo que hoy presenta Mauricio Macri no es más que volver a la tradición histórica que durante más de ocho décadas resolvió el problema de seguridad de la Capital.
A partir de los años cuarenta, la Policía de la Capital se transformó en la Policía Federal, que pasó a incorporar nuevas funciones.
No parece tener sentido que la Ciudad cree una nueva Policía existiendo la estructura de la actual Policía Federal.
La solución práctica podría ser que la actual institución pasara a tener tres agrupamientos. El que cumple funciones en la Capital debería estar integrado por las comisarías, los Bomberos, la Guardia de Infantería, la Policía Montada y la Policía de Tránsito. Su jefe podría ser un comisario general en actividad, designado por el jefe de Gobierno porteño. Otro agrupamiento puede estar integrado por las delegaciones del interior del país y las superintendencias que tienen a su cargo los delitos federales, como drogas, etcétera. El jefe de este segundo agrupamiento debería ser también un comisario general en actividad, designado por el Poder Ejecutivo Nacional.
Un tercer agrupamiento debería componerse reuniendo los institutos, la obra social, las estructuras logísticas, etc., que serían comunes a ambos agrupamientos. Quedaría a cargo un tercer comisario general en actividad, designado de común acuerdo entre el Poder Ejecutivo Nacional y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Sobre esta base, la actual Policía Federal debería proponer los mecanismos para la administración del personal entre los tres agrupamientos.
Una solución de este tipo evitaría la duplicación de funciones, mantendría la estructura básica de la actual Policía Federal y no cambiaría sustancialmente el funcionamiento de la institución policial, evitando una transición compleja y costosa tanto en términos económicos como políticos.
En conclusión, resuelto el tema del financiamiento a partir del inciso 2 del artículo 75 de la Constitución nacional, se trata de establecer un mecanismo práctico para que la Ciudad de Buenos Aires pueda ejercer su poder de policía propio sin desarticular la actual institución de la Policía Federal.
Dejá tu comentario