La violencia física e indiscriminada es el elemento común de un gran número de reclamos salariales por los efectos del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores en relación de dependencia (4ª Categoría). Los incendios de Puerto Deseado, generados presuntamente por marineros disidentes del sindicato, destruyendo las instalaciones de los trabajadores de la alimentación (plantas industrializadoras de pescado) obligaron a enviar fuerzas de seguridad para evitar el caos. Si bien se busca en este caso la mediación de las autoridades, es curioso destacar que los reclamos son contra el Estado nacional por las retenciones del Impuesto a las Ganancias, que en su momento generó una excepción a favor de los trabajadores petroleros para la zona patagónica. También se impugna el convenio colectivo firmado por el gremio con una cámara empresarial, y los aumentos salariales firmados por los mismos dirigentes del sector.
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Ningún derecho justifica la violencia salvo la legítima defensa contra la opresión, decía Santo Tomás de Aquino. La violencia -en primer lugar- es un fenómeno que opera contra todos y tiene por destinataria a la sociedad entera, a quien en general se perjudica a la par que al Estado y a los empleadores. Es curioso observar que en los eventos comentados se trata de producir el daño más amplio y más profundo posible (en las personas y en los bienes), dejando generalmente heridas irreparables, sacrificando inclusive hasta vidas humanas.
La violencia es además impredecible e incontrolable, ya que -cuando se dispara un fenómeno colectivo- los acontecimientos se desencadenan en forma totalmente desarticulada, incentivados por pasiones rencorosas, resentimiento, y muchas veces por medios artificiales. La falta de límites puede provocar desmanes irrazonables que perjudican a los mismos promotores, como los incendios de Puerto Deseado, que han destruido el lugar de trabajo de otros empleados.
Para exigir a los miembros de la sociedad el cumplimiento de la ley, el Estado puede recurrir a la fuerza, a fin de prevenir y evitar delitos como a los fines de castigar a quienes los cumplan con el fin de que se reivindiquen y puedan reintegrarse a la sociedad. La violencia, aun para el Estado, es el último recurso, y siempre está determinado y delimitado por la ley.
La violencia en manos de particulares configura distintos delitos reprimidos por el Código Penal, y no es ni puede ser objeto ninguna excusa ni metamorfosis que la justifique, cuando el motivo del reclamo tiene fundamentos sociales o laborales.
El reclamo laboral no desplaza los deberes ciudadanos de respeto por la ley, ni las necesidades justifican violar la ley y quebrar las instituciones. De hecho, es el sistema jurídico el que debe imponer los límites, ya que las demandas laborales se pueden refugiar en la huelga, pero la huelga por definición no legitima ningún acto de fuerza física ilegal o criminal contra las personas ni contra los bienes del Estado ni de las empresas. Es imprescindible regresar al funcionamiento normal y presencial de las instituciones republicanas para que se hagan respetar los derechos de cada ciudadano sin avasallar con la violencia a quienes observan atónitos y sobre todo indefensos los acontecimientos, y son finalmente los que sufren los daños físicos y psicológicos de los desmanes.
La Constitución nacional custodia a los ciudadanos en base a la jerarquía impuesta por los bienes jurídicamente tutelados. La vida, la integridad física y la seguridad, el respeto por la vida y por la propiedad, son bienes más valiosos que un reclamo laboral. Es más, un reclamo laboral está por debajo del derecho de los ciudadanos a trabajar y al de desarrollar toda industria lícita. Por ende, nada ni nadie puede justificar la violencia, cuando de derechos laborales se trata, y ningún reclamo de esa naturaleza puede respaldarse en un acto de violencia individual o colectiva.
Los eventos de Puerto Deseado son otro nuevo evento dramático de la realidad que cuando se transponen los límites y éstos no son claros, parecen justificar cualquier acto. La falta de claridad puede provenir del funcionamiento anómalo o inadecuado de las instituciones.
En rigor, es imprescindible poner los acontecimientos en su lugar; por ende, destruir la propiedad privada e incendiar los establecimientos de las empresas, poniendo en riesgo la vida e integridad física de las personas, son en primer lugar delitos, y ningún reclamo lo justifica. Es por ello que se requiere la intervención arbitral para resolver el problema laboral, y la intervención de la Justicia para sancionar los delitos cometidos. Si no se hace justicia se genera impunidad frente a las hordas de violentos, se abandona al ciudadano y se propicia la anarquía.
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