Llamativa demora de Santa Fe para adherir a la ley de ART

En los últimos días tuvo lugar un intenso debate en Santa Fe respecto de si la provincia debe adherir o no a la Ley 27.348 sobre Riesgos del Trabajo.

Diferentes actores locales reclaman el tratamiento de la norma, que se encuentra varada en Diputados, pero con media sanción -y por unanimidad- en el Senado provincial desde hace casi 3 meses. Si bien se han estimado diferentes cifras de lo que representa la demora, es difícil precisarla a ciencia cierta, por cuanto la litigiosidad tiene esa característica de tornarse impredecible, en cuanto a frecuenta y a gravedad.

No sólo grandes entidades empresarias reclaman la rápida acción de los legisladores de la cámara baja, sino también gremios representantes de los trabajadores de la carne, la construcción y el transporte, entre otros. Sectores de las más variadas actividades señalan la pérdida de competitividad para la actividad productiva santafesina respecto de otras provincias que ya han adherido. Algunos definen a Rosario “la capital del juicio” y destacan que “empresas que hacen la misma actividad, hoy no tienen el mismo costo por estar radicadas en Santa Fe, provincia que no está adherida”.

Es que los números son muy elocuentes. Con 15 provincias adheridas, que representan el 68% de la litigiosidad nacional y una caída del 40% anual en la cantidad de juicios ingresados, los beneficios de la adhesión son claros. La provincia de Santa Fe, en cambio, encabeza por primera vez desde la creación del sistema de riesgos de trabajo tomando el primer lugar a nivel nacional en cantidad de juicios, imantando el 28% de las demandas a nivel nacional, con un crecimiento feb19/feb18 del 39.8%. Con 1668 causas en febrero, presenta 8 veces la cantidad de demandas que se presentaron en Mendoza y 4 veces la cantidad de Córdoba.

No se trata de resignar derechos laborales, como algunos argumentan. La vía administrativa junto a la letra grande la Ley garantiza al trabajador accidentado atención inmediata e integral acorde a sus necesidades. La vía judicial está habilitada para aquellos que no coinciden con lo dictaminado por la Comisión Médica actuante. La valoración del daño se realiza conforme el Baremo, que es una tabla que contiene para cada secuela el porcentaje de incapacidad asociado, que a su vez, puede ser ajustado a las particularidades del trabajador mediante los factores de ponderación tal como esa misma tabla prevé. En definitiva se trata de una tabla que al dar una medida objetiva del año y establecer parámetros claros, es sinónimo de transparencia y equidad en el tratamiento de las personas que quedan con alguna secuela incapacitante definitiva.

En una provincia con la potencia económica de Santa Fe, la segunda en exportaciones del país, que tiene una variedad enorme de gamas productivas que van desde la soja y el complejo oleaginoso, ganadería bovina, industria láctea, maquinaria agrícola, automotriz-autopartista, siderurgia, biotecnología de punta, sólo para enumerar las más destacadas, resulta llamativa esta demora, que perjudica a su economía. Y que, además, la coloca en desventaja frente a sus vecinas que ya gozan de una clara disminución de la litigiosidad con todos los beneficios que de la misma derivan tanto en costos como en certidumbre operativa.

Son muchas las voces a favor de la adhesión y también están claros los beneficios para empresas y trabajadores. Como todo sistema es perfectible y en esa línea el sistema de riesgos del trabajo cuenta ya con 23 años de mucha gestión y resultado, goza además de una ponderación muy buena por parte de todo el espectro productivo lo cual hizo posible además que la reforma se aprobara en el Congreso Nacional y también en 14 legislaturas provinciales. Falta Santa Fe, somos optimistas de que en breve puedan sumarse y aportar con ello mejores condiciones de trabajo y de generación de empleo.

(*) Presidente de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo