Señal negativa a futuros jubilados

Una consecuencia de estos aumentos selectivos es que mientras en el pasado se había restablecido una pirámide de jubilaciones contributivas en la que -según el precepto constitucional-el haber sustituto del salario representaba más o menos bien lo que se había aportado al sistema, hoy esa relación entre sueldos declarados y beneficios recibidos se ha perdido totalmente. De hecho, se volvió a una situación peor que la vigente a comienzos de los '90. Justamente uno de los objetivos de la reforma del sistema de pensiones fue tratar de incentivar el ahorro, mejorando la relación entre los aportes y los beneficios. Hacia el año 1991, más de 65% de los jubilados percibía el haber mínimo, a pesar de tener derecho muchos de ellos a una mejor asignación. En años posteriores, esa situación se corrigió por diversas vías, hasta llegar a que sólo 22% estuviera en el mínimo.

Todo eso cambió desde mediados de 2002, y la « pirámide» de jubilaciones que pretende ser una guía para que la población activa vea los beneficios de aportar, se acható, ya que al cabo de los sucesivos ajustes de la jubilación mínima, casi 68% de todos los jubilados y pensionados recibe el mismo ingreso y casi 82% percibe entre el mínimo y 1,5 vez ese nivel. A este ritmo puede estimarse que en poco tiempo más, el porcentaje de los que cobran el mínimo estricto será mayor a 75%, es decir que se habrá transformado el sistema contributivo en otro más parecido al viejo reparto, con una prestación básica uniforme para todos (no importa lo que se aportó), excepto para los que están muy en el tope de la pirámide, mientras la inflación no los arroje al grupo de los que cobran la mínima. De hecho, el actual sistema sin ajuste que rige para las jubilaciones desde $ 600, en una economía inflacionaria, reducirá las prestaciones a menos de la mitad en términos reales a partir de algún momento del año 2006, y a menos de 30% de su poder de compra original en pocos años más. En números eso implica que alguien que aportó con un ingreso de 100 para cobrar alrededor de 55, termina por cobrar menos de 17, que es lo mismo que recibirá el que declaró y aportó por sólo un tercio.

Puede pensarse que esta política de «achatar» jubilaciones tiene sentido en momentos de crisis, porque ya habrá luego tiempo para restablecer la estructura del sistema. Esta afirmación no tiene la más mínima chance de verificarse en la práctica ya que el costo fiscal de restablecer la pirámide en su estructura original es enorme, del orden de unos 5 mil millones de dólares respecto del nivel ya incrementado de gasto previsto para el año 2006 (o sea, luego de los aumentos) e implicaría resignar todo el superávit primario del gobierno nacional. Ello muestra que la nueva estructura de jubilaciones achatada está para quedarse.

Esta política de masificación de las jubilaciones le permite al gobierno compensar en forma rudimentaria el deterioro de la distribución de ingresos que genera su política de un peso « extradébil» sobre los asalariados. Con la política de igualar los ingresos de todos los jubilados en su nivel más bajo, se tienen por ahora los beneficios inmediatos de alcanzar una mayor masa de jubilados, mientras se esconden los verdaderos costos fiscales de largo plazo. Como en el resto de las áreas de la economía, los costos de esta contrarreforma en marcha de la previsión recién se verán en algunos años, cuando el gobierno se preocupe seriamente -recién entonces-por la persistente caída de las contribuciones y el desfinanciamiento del sistema de seguridad social. Pero eso será un tema que -probablementedeberá resolver otra administración.