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Desde ya que los acuerdos comerciales que pudieran concertarse o el interés que nuestro país despierte en las autoridades gubernamentales y la comunidad empresaria de China constituyen una gran oportunidad de negocios, especialmente, por lo que la apertura de un mercado de la magnitud y trascendencia del chino significa.
Sin embargo, la desesperación del gobierno por encontrar ingresos que permitan superar la crisis y la ansiedad por generar anuncios espectaculares que cambien el humor de la gente y sus expectativas no pueden llevar a cerrar cualquier tipo de acuerdo y bajo cualquier circunstancia.
Algunos analistas ya han advertido sobre el riesgo de generar una dependencia directa de un solo comprador estratégico que, además, controle las fuentes de generación.
Adicionalmente, la «sojización» de la economía podría también llevar a una degradación del suelo por la falta de rotación de cultivos, y algo similar puede ocurrir en materia forestal.
Desde Brasil, ya se han hecho llegar algunos temores al respecto. Por otra parte, también debe resistirse la tentación de constituir o crear entes reguladores estatales de la actividad para tal propósito, que es algo no ajeno al pensamiento de algunos de los hombres del gobierno. En la República Popular China, 95% de las fuentes de producción, las empresas y los campos son de propiedad del Estado; y China repite ese esquema en los pocos países en los cuales realiza inversiones estratégicas (es un país más receptor de inversiones extranjeras que promotor de inversiones propias en el extranjero) y procura mantener el control o la propiedad sobre los medios de producción y las obras de infraestructura en las que invierte, así como sobre el financiamiento que brinda, de modo de poder asegurarse el funcionamiento del sistema.
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