Usan la Constitución para crear confusión

Impotente para dar respuestas frente a una Legislatura que también se muestra lenta e inoperante para exigirlas y obtenerlas, el jefe de Gobierno parece advertir que su responsabilidad en los hechos acaecidos, tanto política como -eventualmente- personal, es algo que ha calado hondo en el cuerpo social, el que lo relaciona directamente con lo ocurrido en el siniestro que cobrara la vida de 192 personas en la desgraciada noche del 30 de diciembre próximo pasado. Cada día que pasa pueden demostrarse con más precisión la ausencia y deficiencia de los controles que debieron efectuarse; la permisividad, negligencia -cuando no complicidad- existente en materia de fiscalización y, en forma general, la despreocupación absoluta por parte de las autoridades del área en materia de seguridad.

Pero lo más grave es que, más allá de lo dramático de lo ocurrido y la magnitud de este hecho, cuanto más se ahonda en la investigación, más se advierte que el desastre global pudo haber sido aun mayor si se tiene en cuenta que bajo la gestión del nuevo Secretario de Seguridad de la Ciudad, Juan José Alvarez, se procedió a comprobar que varios centenares de establecimientos públicos y privados -de diversa naturaleza- que recibían una enorme concurrencia de público no presentaban las más elementales normas de seguridad, donde pudieron haber ocurrido y multiplicarse tragedias similares.

Existe entonces un hecho concreto que revela la existencia de una grave falta en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo responsable máximo en esta materia es el jefe de Gobierno, conforme lo dispone el art. 102 de la Constitución de la Ciudad. Para aquellos casos en los cuales dicho jefe de Gobierno incurre en mal desempeño del cargo o comete algún delito en el ejercicio de sus funciones o algún delito común, la Constitución de la Ciudad prevé el procedimiento del juicio político, por medio del cual puede ser destituido por la Legislatura (art. 92), luego de transitar por dicho proceso. Desde ya que este procedimiento no es algo a lo que esté dispuesto a someterse el jefe de Gobierno, y quizá tampoco esté decidida a llevar adelante una Legislatura que, hasta el momento, no se ha mostrado tampoco diligente ni operativa.

Bastaría recordar la demora habida en poder reunirse luego de la tragedia, la postergación sistemática de la interpelación al funcionario, y la falta de ejercicio de sus facultades para exigir la presentación de los informes requeridos y documentación en tiempo y forma, para corroborar la afirmación. Previniendo algún cambio de rumbo, el jefe de Gobierno -en un acto de astucia y de impacto mediático, aunque absolutamente antijurídico- ha intentado «victimizarse» promoviendo la realización de un plebiscito para intentar legitimar su actuación al frente del Gobierno de la Ciudad bajo el instituto de la «revocación de mandato» previsto por el art. 67 de la Constitución de la Ciudad. Se equivoca doblemente Aníbal Ibarra.

En primer lugar, incurre en un error porque el derecho a solicitar la «revocación del mandato del jefe de Gobierno» es un derecho que tiene «el electorado» y no «el funcionario», de donde parecería que pretende arrogarse los derechos del «pueblo» para disparar operativamente instituciones constitucionales en uso de atribuciones que como jefe de Gobierno no tiene. Su adicional y absurda pretensión -rechazada ayer- de que el Tribunal Superior de la Ciudad lo liberase además graciosamente de la exigencia constitucional de que la petición sea avalada por las firmas de 20% de los inscriptos en el padrón electoral de la Ciudad era también otra violación de la norma legal y una instigación a que dicho Tribunal soslayase una exigencia constitucional de la que no puede apartarse; y ello constituye su segundo error.