La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, prepara la difusión de las DDJJ patrimoniales de los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri. El plazo para presentarlas venció el 31 de agosto pasasdo.
Mientras la Oficina Anticorrupción dilata la publicación de las últimas Declaraciones Juradas del Presidente y los ministros, la Justicia ordenó al Gobierno nacional a ventilar públicamente todos los bienes de los familiares de los funcionarios.
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Según informó Poder Ciudadano, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal declaró inconstitucional el artículo 5 de la ley 26.857, que regula las DDJJ, e intimó al Estado nacional a que adecue el régimen de las DDJJ integrales para permitir que los ciudadanos conozcan el patrimonio de los cónyuges, conviviente e hijos de los empleados de la administración pública nacional.
En agosto de 2016 la ONG presentó un amparo contra una modificación al régimen que hizo el Gobierno, por la cual los datos patrimoniales de los consanguíneos pasaron a formar parte de un "anexo reservado", al que sólo se puede acceder por medio de una orden judicial.
En la demanda, Poder Ciudadano alertó que el ocultamiento "constituye un retroceso en el reconocimiento del derecho humano de acceso a la información pública por parte de la ciudadanía" para el efectivo control de la gestión del Estado y exigió la apertura de información.
Además, consideró que esa modificación resultaba contraria al principio fundamental de no regresividad, es decir, la prohibición de adoptar políticas, medidas y, en general, normas jurídicas que signifiquen un retroceso en la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución.
Las DDJJ del 2018 de los actuales funcionarios todavía no fueron cargadas a la página de la Oficina Anticorrupción.
A dos años del amparo, la Justicia les dio la razón. En el fallo, los camaristas consideraron que el Estado no pudo "justificar" la restricción de la información pública. "No se exigen datos sensibles ni información destinada a identificar bienes y/o cuentas bancarias, sino información que cumpla con los estándares y las obligaciones del Estado en aplicar medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan funciones públicas en los cargos que establezca la ley y para la publicación de tales declaraciones cuando corresponda", sostuvieron los jueces.
Para ordenar el levantamiento del secreto, la Cámara adoptó argumentos de la Convención Interamericana contra la Corrupción. "La normativa internacional asigna a la ciudadanía y a las organizaciones no gubernamentales un rol central en el control de los actos de gobierno y en la lucha contra la corrupción (cfr. art. III, punto 11 de la Convención), asegurando entonces que el Estado garantice el acceso a determinada información a fin de cumplir con el debido control y con el espíritu de la Convención", señalaron.
Y agregaron que limitar la difusión atenta injustificadamente contra el derecho de acceso a la información. "(Es) contrario a las obligaciones del Estado, que emergen de la Constitución Nacional, y de los tratados internacionales a los cuales nuestro país ha adherido y garantizado su cumplimiento", destacaron.
Al conocer la sentencia, la ONG celebró que la medida judicial permitirá el debido control y el acceso a la información, teniendo en cuenta el principio de máxima divulgación, el derecho de acceso a la información pública y el principio de progresividad de los derechos.
• En espera
Ámbitos políticos, judiciales y de los medios aguardan con ansiedad la carga de las declaraciones anuales del Gabinete nacional. Habitualmente esos documentos se publicaban en la página de la Oficina Anticorrupción que hoy conduce Laura Alonso en julio. Pero este año, la AFIP extendió el plazo para declarar el Impuesto a las Ganancias y los Bienes Personales y, por lo tanto, Alonso prorrogó la fecha límite para completar el formulario F-1245 hasta el 31 de agosto pasado.
Por orden de Anticorrupción, las distintas áreas de recursos humanos comenzarán retener hasta 20% del salario a aquellos funcionarios que no la presenten. La DDJJ Anual se presenta a año vencido, es decir, durante 2018 se conocerán las situaciones patrimoniales y de intereses correspondientes al período 2017.
El año pasado Macri declaró que su patrimonio mermó en unos $ 27 millones, al bajar de $ 110 millones a $ 82 millones. En tanto, el gabinete del Presidente informó bienes por $ 700 millones.
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