La AFIP que conducía Alberto Abad presentó al juez Julián Ercolini un informe preliminar de auditoría sobre la petrolera Oil Combustibles el 30 de junio de 2016 con el objetivo de apuntalar la denuncia penal. Pero ese mismo documento, fue firmado -de manera digital- por el entonces jefe de Auditoría Néstor Sosa y para los sistemas informáticos del organismo recaudador quedó registrado el 1/7/2016, un día después de haberse presentado ante la justicia.
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El dato quedó expuesto durante la audiencia de la semana pasada en el juicio oral por el otorgamiento de planes de pago a la petrolera de Cristóbal López y Fabián De Sousa. Una testigo había obtenido los informes de auditoría en los cuales se basó la denuncia penal del sistema de AFIP, con una fecha distinta a los que estaban en el expediente judicial. Eso mismo fue corroborado ayer por el testimonio de Héctor Guaraz, quien fue subdirector de Auditoría de Aduanas, dentro de la AFIP. Desde lo técnico, el testimonio del exfuncionario de AFIP volvió a aludir a los pasos procedimentales del proceso de auditoría normado para toda la administración pública que se regía por pautas de la SIGEN. Destacó que existía una planificación anual de las tareas y que requería no solo la opinión del auditado, sino tareas de campo y una serie de pasos que están regulados para poder obtener conclusiones.
Pero volvió sobre un punto central sobre el que percuten las defensas: las auditorías se realizan siempre sobre procesos, nunca sobre contribuyentes en particular. Enmascarado bajo una gestión de cobros de una Agencia, la principal hipótesis es que se trató de un informe específicamente dirigido contra Oil para poder apuntalar la denuncia penal, por fuera de las conclusiones finales sobre el proceso de otorgamiento de planes de pago de la auditoría 15, que iban a contramano de cualquier irregularidad. En el devenir del expediente, cuando Sosa presentó la 14 informó que estaba en marcha la 15. Nunca nadie la solicitó hasta la queja de los jefes de Agencia y directores regionales que forzaron a que la AFIP, ya en la era de Leandro Cuccioli la presentara en el expediente ante un sorprendido Ercolini.
“Un informe preliminar es eso. Su nombre lo dice. Es preliminar. El juez que lo solicita sabe que se trata de un avance y sabe lo que le falta. Cualquier parte que falte lo convierte en preliminar”, sostuvo Guaraz en una audiencia corta para la duración habitual en el juicio Oil. La querella de la AFIP, por tercera vez consecutiva y ante testigos que integran el propio organismo recaudador, se abstuvieron de realizar preguntas. En este caso, la fiscalía también hizo un interrogatorio mucho más breve que en las anteriores audiencias.
Guaraz confirmó que el plan de auditoría se planificaba con antelación y se presentaba en octubre de cada año. Y que intervenían numerosas personas en su confección que dejaban asentadas sus firmas y sellos a su labor, algo de las que carecen las documentales anexadas a la causa. Sostuvo, a su vez, que sus “conclusiones” no son obligatorias, dado que la opinión del auditado puede no coincidir.
Pero uno de los tramos más importantes fue que el exfuncionario de Aduanas declaró ayer que si un auditor presentaba ante un juez un informe preliminar (algo no habitual) quien lo hace está obligado a decirle los motivos por lo que está incompleto y cuáles son los elementos que faltan.
Las defensas apuntan a que ninguno de los documentos cuenta con el membrete oficial, sellos o firma de quienes participaron y hay foliaturas incompletas.
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