¿Violó la ministra Nilda Garré las leyes de Defensa e Inteligencia? El interrogante corrió de boca en boca entre uniformados al conocerse la orden de la ministra de efectuar una inspección en dependencias del Ejército Argentino en búsqueda del cuerpo del primer desaparecido en democracia: Jorge Julio López. La semana pasada Garré movilizó al director de Inteligencia Estratégica Militar, licenciado Carlos Aguilar tras el dato recibido por canales discretos: el cadáver de López, testigo clave en el juicio al comisario Miguel Etchecolatz, está enterrado en el Regimiento de Infantería Mecanizado 7 en Arana, Buenos Aires.
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La búsqueda tuvo lugar el martes y miércoles pasados y terminó en falsa alarma. En dos jornadas de investigaciones, Aguilar junto a dos colaboradores recorrieron además el predio de Magdalena sin hallar un solo indicio que condujera al paradero de López. En rigor, no era la primera vez que la ministra de Defensa se hacía eco de informaciones que señalaban a cuarteles de la fuerza que comanda Roberto Bendini como destino final de los despojos del desaparecido López.
Este diario publicó ya semanas atrás que el director Aguilar había encabezado una comitiva que rastreó todas las dependencias de la guarnición Campo de Mayo donde se decía estaba enterrado López. La pesquisa en aquella oportunidad también había arrojado resultado negativo. No se pudo confirmar si Defensa dio participación al juez federal de La Plata, Arnaldo Corazza, quien investiga la desaparición de López.
Normas violadas
Sí se sabe que Aguilar, funcionario responsable de la inteligencia estratégica militar, ejecutó en dos oportunidades acciones que a priori violan las normas de Defensa y de Inteligencia. ¿O acaso levantar registros e indicios en el terreno, acopiarlos en un banco de datos, amén de averiguaciones a personas no son actividades de inteligencia interior?
Ni siquiera se ordenó un sumario interno a las autoridades del Ejército, herramienta reglamentaria que habría cubierto en parte la transgresión de la normativa. La Dirección de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM) es un organismoque responde al ministrode Defensa y luego del affaire del espionaje a políticos en Trelew, por resolución de Garré, pasó a ser la cabeza de las tres agencias de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Por ley sus funciones son sólo analíticas en el plano estratégico y no tiene atribuciones en asuntos de inteligencia criminal.
El 23 de abril de este año Garré reglamentó por resolución el Sistema de Inteligencia de la Defensa y en el artículo 2 establecía que ningún organismo de inteligencia podrá conforme lo previsto por la Ley de Inteligencia, « cumplir por sí funciones policiales ni de investigación criminal, salvo ante requerimiento específico realizado por autoridad judicial competente en el marco de una causa concreta».
¿Por qué Garré envió al licenciado Aguilar en una misión expuesta al quebranto de la ley? El clima de cambios en el ministerio tras la salida abrupta del brigadier Eduardo Schiafino, ex titular de la Fuerza Aérea, parece extenderse a otras esferas que incluiríanel sillón de ministro, dicen funcionarios en el edificio Libertador.
Temor
Una causa para producir ese desplazamiento, aseguran esas elucubraciones, sería que la aparición de López en establecimientos militares sorprenda a la ministra. Garré teme presuntas operaciones de erosión a su liderazgo: echó a los gritos a un funcionario de baja jerarquía, Pablo Maximiliano Tosco, que estaba asignado a la Secretaría de Asuntos Militares. Se habrían comprobado comentarios de éste relacionados con la debilidad de la ministra en el cargo. Pablo Tosco -hijo del coronel retirado Osvaldo Tosco, asesor designado por el Ejército en el ministerio- fue desplazado del edificio Libertador y desde la semana pasada revista en la Escuela de Defensa Nacional. No se aclaró cómo llegaron esos comentarios a oídos de Garré, si por terceros u otros medios de obtención electrónicos.
La expulsión se produjo en duros términos, el saliente Tosco habría enrostrado a Defensa prácticas de inteligencia interior en torno a la figura de Cecilia Pando, la esposa del mayor Pedro Mercado. También tiene Garré visiones conspirativas porque sospecha de contactos entre retirados, políticos y oficiales en actividad que visitan a los presos militares sometidos a juicio por violación de los derechos humanos. De un plumazo Garré redactó y firmó una instrucción de cumplimiento urgente para los tres jefes de las fuerzas: remitir al ministerio la lista de todas las visitas (irán copias a la DNIEM) que recibieron hasta este momento los encarcelados.
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