Analizaron el proyecto de ley de Defensa de la Competencia

El presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Esteban Greco,, al exponer ante un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados.

El presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Esteban Greco, aseguró que recién a partir del 2016 la defensa de la competencia pasó a ser una "política relevante" en materia de gobierno, al exponer ante un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados en el que comenzaron a analizar un proyecto que actualiza la legislación en la materia.

"La defensa de la competencia no era política relevante hasta 2016", dijo el funcionario ante las legisladores de las comisiones de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia; de Legislación Penal y de Presupuesto y Hacienda. El plenario de comisiones no contó con el quórum necesario, ante la escasa presencia de legisladores.

En ese marco, Greco destacó "la importancia del programa de clemencia para detectar carteles" y de la necesidad de reforzar los elementos de disuasión porque "hoy las multas son muy bajas y en muchos casos a las empresas les conviene pagarlas".

"Cuando asumimos en la Comisión Nacional encontramos muchos expedientes abiertos pero ninguno resuelto; en algo que parecía hecho a propósito, como para poder utilizar esa herramienta para negociar otras cosas con las empresas", señaló el funcionario.

Para Greco, el proyecto en estudio podría constituir "una nueva herramienta muy importante para el funcionamiento de la economía y de las instituciones del país".

Tras mencionar que la defensa de la competencia forma parte de "las ocho bases del programa económico y los 100 objetivos del gobierno", reconoció que "el marco normativo" limita al organismo que encabeza en la lucha "contra los carteles".

Consultado sobre las áreas en las que está trabajando la comisión, mencionó a "lácteos, carnes, aceite, jabón de ropa, acero, petroquímica, transporte interurbano y medicamentos", entre otras.

Por su parte, Diego Petracolla, ex presidente de la comisión de Defensa de la Competencia (1996-2001) señaló que la autoridad de aplicación debe tener "un buen presupuesto e independencia, por la magnitud de las empresas que hay que investigar" y que "el único mecanismo efectivo contra la cartelización es el de clemencia",

Eduardo Batista, economista especialista en temas de competencia, señaló que el de la cartelización es "el principal drama de la economía aunque no se habla del mismo como tal" y que "las pymes que sobreviven son las que trabajan con las grandes empresas, que en definitiva son las que deciden sobre el futuro de una pyme diciendo si siguen siendo sus proveedores o no".

El empresario supermercadista Víctor Fera llamó a "sacar los obstáculos para poder competir libremente" y advirtió que "ninguna empresa se puede dar el gusto de dejarle de comprar a otra empresa porque ésta le compite".

Entre los pocos diputados que tomaron intervención en el debate, el presidente del interbloque Cambiemos y coautor del proyecto en estudio Mario Negri, aseveró que "no hay país desarrollado que no defienda a los consumidores y establezca la competencia entre empresarios".

Por su parte, Fernando Sánchez, de la Coalición Cívica, lamentó la poca presencia de diputados en el plenario de comisiones y destacó que "el de la libre competencia es un tema que repercute fuertemente en el resto de la economía".

A su turno, el justicialista Diego Bossio consideró que los casos resueltos en el último año y medio (1 en 2016 y 4 en 2017) "fueron muy pocos"; señaló que "el estado tiene que actuar, no sólo buscar una norma que diga lo ideal" y se permitió dudar de existencia de "voluntad política" por parte del gobierno para avanzar con el tema.

En el mismo sentido, el massista Marco Lavagna le preguntó a Greco si "hay voluntad política para avanzar en esta materia" e insistió con la postura de su bloque en cuanto a la "necesidad de que se establezca una 'ley de góndolas'" y pidió mayor control sobre situaciones de poca competencia que se puedan dar en supermercados, telefonía móvil y estaciones de servicio".

El proyecto con el que se trabaja en las comisiones está elaborado en base a iniciativas de los oficialistas Negri (UCR) y Elisa Carrió (Coalición Cívica), y cuenta con el apoyo del Gobierno nacional.

Entre los puntos principales del proyecto consensuado, se prohíben todos los actos o conductas que distorsionen o influyan negativamente en las condiciones de mercado.

Se les aplicarán las sanciones establecidas a quienes realicen dichos actos o incurran en dichas conductas, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieren corresponder como consecuencia de los mismos.

Se analiza tanto la existencia de una posición dominante en el mercado, dando su propia definición, así como también las concentraciones y fusiones de empresas, ya que se prohíben las concentraciones económicas cuyo objeto o efecto sea o pueda ser restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general.

En lo que respecta a las multas, el proyecto contempla tres criterios: el de "beneficio ilícito", el "porcentual" y el "monetario".

El proyecto prevé además un Programa de Clemencia para detectar Carteles, con el beneficio de exención o reducción de sanciones administrativas y civiles para las empresas que adhieran al Programa de Clemencia, en la medida en que aporten pruebas que permitan sancionar a los miembros del cartel.