El Estado argentino respondió al pedido del fondo buitre, Burford Capital. La Procuración del Tesoro aseguró que el planteo será contestado según el cronograma, con un descargo previsto para el 19 de febrero.
Desde la Procuración del Tesoro apuntan contra una estrategia de "hostigamiento" del fondo buitre.
Argentina respondió al pedido de desacato presentado por el fondo buitre Burford Capital en el juicio por YPF y denunció que se trata de una nueva escalada de “hostigamiento procesal”. Según planteó el Estado, esta estrategia apunta a “poner arena en los engranajes de la recuperación económica de la Argentina”.
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La respuesta fue realizada por la Procuración del Tesoro de la Nación, que afirmó que el país cumplió “plena y ampliamente con el proceso de discovery”.
En detalle, según el planteo de la defensa oficial, durante el mencionado proceso se hizo entrega de "más de 113.000 páginas de documentos y el testimonio de diversos funcionarios del gobierno argentino". La solicitud de los demandantes fue presentada el pasado jueves ante la jueza Loretta Preska. Allí, acusaban al país de incumplir órdenes judiciales para entregar comunicaciones de un grupo de funcionarios y exfuncionarios.
Tras el pedido manifestado por los abogados de Petersen y Eton Park - con respaldo financiero de Burford Capital - el Gobierno no solo rechazó el planteo, sino que apuntó directamente contra el fondo buitre: "la moción constituye el intento más reciente del financiador de litigios Burford Capital de hostigar a la República mediante solicitudes de discovery intrusivas y desproporcionadas, como parte de lo que su CEO ha manifestado a los inversores que es una estrategia para 'poner arena en los engranajes' de la recuperación económica de la Argentina".
Además, la defensa oficial destacó que los nuevos ataques del fondo deben ser leídos en el contexto de "los avances recientes logrados por la Argentina en el plano judicial, que han deteriorado la posición procesal de Burford". Entre ellos, destacaron; la audiencia de apelación de la sentencia condenatoria por u$s16.000 millones; el stay otorgado por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito sobre la orden de entrega de las acciones de YPF; el respaldo expreso de Estados Unidos e Israel y más de una decena de países y el rechazo del reconocimiento de la sentencia en la justicia irlandesa.
Más allá de la presentación, desde la Procuración del Tesoro confirmaron que Argentina continuará cumpliendo con el proceso de discovery planteado por Burford Capital. Además, detallaron que el planteo será contestado por la Argentina conforme al cronograma vigente, con un descargo previsto para el 19 de febrero.
La respuesta llegó luego de que los abogados de Petersen y Eton Park sumaran - el pasado jueves - un nuevo movimiento orientado a elevar la presión sobre el Estado argentino. Los demandantes presentaron ante la jueza Preska un pedido para que la Argentina sea declarada en desacato y eventualmente sancionada, bajo el argumento de que incumplió plazos y obligaciones en la entrega de documentación requerida por la corte.
El planteo se apoya en el proceso de discovery, mediante el cual el país debe aportar correos electrónicos y otras comunicaciones oficiales de funcionarios actuales y pasados. Según los fondos, parte de ese material no fue presentado en su totalidad, lo que —a su criterio— habilita la aplicación de medidas disciplinarias por parte del tribunal.
La ofensiva de los fondos se inscribe en el marco del fallo de primera instancia dictado en 2023, por el cual Preska condenó a la Argentina a pagar US$16.100 millones más intereses por la estatización de YPF. El Gobierno considera que esa sentencia es errónea y tiene como eje central de su estrategia la apelación aún en curso.
Mientras se acumulan escritos y cruces procesales, los demandantes ya dejaron entrever que, de no obtener la información reclamada, podrían avanzar con pedidos de multas, presunciones adversas o incluso la fijación de un cronograma específico para tratar el supuesto desacato.
En paralelo, Petersen y Eton Park insisten en una línea más agresiva: buscan probar que organismos como el Banco Central, el Banco Nación o Aerolíneas Argentinas actúan como alter ego del Estado argentino. De prosperar esa tesis, se abriría la puerta a eventuales embargos sobre activos de esas entidades para ejecutar la sentencia. El Gobierno niega de manera enfática esa posibilidad y denuncia un intento de hostigamiento contra un Estado soberano.
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