El ex comandante de Operaciones Navales, vicealmirante Eduardo Avilés; y el ex jefe de la Dirección de Inteligencia Naval, contralmirante Pablo Rossi, fueron sancionados al término del sumario militar por el espionaje ilegal que se habría cometido en la Base Aeronaval Almirante Zar en Trelew. La medida -arresto- también alcanzó al comandante de la Aviación Naval, al jefe de la Fuerza Aeronaval Nº 3 y al jefe de la sección de Inteligencia de la base Zar. La ministra Nilda Garré había ordenado la instrucción de un sumario militar en paralelo a la investigación que lleva adelante la Justicia federal de Rawson. El caso salió a la luz en vísperas del 30 aniversario del 24 de marzo de 1976 por boca de un marino arrepentido que recurrió al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para denunciar que la sección de inteligencia de la base Zar que él mismo integraba haría espionaje interior, una actividad penada por la ley.
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La semana pasada, el cabo principal Carlos Ariel Alegre, de él se trata, fue denunciado a su vez ante el mismo tribunal -ahora está a cargo del conjuez Luis López Salaberry- por uno de sus compañeros de oficina por el presunto delito de violación de secretos de Estado.
La sanción disciplinaria a todos los inculpados fue impuesta por el jefe de la Armada, almirante Jorge Godoy, a solicitud del segundo de la fuerza, vicealmirante Benito Rótolo, quien estuvo a cargo de toda la investigación interna. El sumario concluyó luego de una serie de demoras -en cuatro oportunidades la ministra exigió rapidez a Rótolo- porque ninguno de los investigados quería declarar pues se ampararon en el artículo 18 de la Constitución Nacional, ya que al mismo tiempo la Justicia federal de Rawson los había incriminado en el expediente por violación de las leyes de Inteligencia y de Defensa.
Imputación
La principal falta que se les achaca en la órbita militar es haber incumplido con órdenes y supervisión técnica de los subordinados. Los marinos deberán cumplir la sanción de arresto que les impuso Godoy al margen de la resolución que adopte la Justicia federal luego de investigar las actividades de espionaje ilegal. Cuando se produce un hecho como el de la base Zar, los uniformados están obligados a investigar y sancionar según lo establece el Código de Justicia Militar. No se trata de un «doble juzgamiento», la Justicia civil se encarga del presunto delito -en este caso, violación de deberes de funcionario público- mientras que la sanción militar pretende apartar rápidamente a quienes entorpecen la disciplina interna, pilar del ordenamiento castrense. Ironías de la política, este Código de Justicia Militar que Garré quiere derogar le dio la primera respuesta punitiva al escándalo y se diría un alivio político a su gestión. Pues la Justicia federal aún no logró indagar a ninguno de los acusados. El primero en declarar -como imputado a solicitud del fiscal federal- sería el cabo principal Carlos Alegre. Este afronta, al igual que lo hizo Mario Pontaquarto -aquel arrepentido que denunció a la SIDE por el reparto de coimas en el Senado-, las consecuencias del sistema: el pasaje de héroe probo a sospechoso. Este arrepentido de la Marina pasó del anonimato a la notoriedad tras una felicitación personal que hizo en su despacho la ministra Garré a la que había asistido el jefe naval Jorge Godoy. Más aún, el secretario de Asuntos Militares, José Vásquez Ocampo, evaluó el extremo de promover un reconocimiento especial o condecoración a Alegre por su «comportamiento militar y ciudadano». Vale decir, un premio por no cumplir con los caminos que fija el Código de Justicia Militar y los reglamentos internos de la Armada para encaminar ante los superiores naturales hechos reñidos con la disciplina o la ley. Claro que ante la Justicia federal se justificó esa actitud en el temor a posibles represalias contra su persona más propias de fantasías de Hollywood. O ¿acaso la iniciativa del jefe naval Godoy con las Jornadas de Derechos Humanos promovidas por Defensa y elogiada por el gobierno nada cambiaron en la fuerza?
La denuncia cruzada contra Alegre por presunta violación de secretos de Estado entablada por otro agente naval, el suboficial Vicente Rossi, se funda en tres ejes: dar a conocer la estructura de inteligencia naval a un ente público: el CELS, utilizar correo electrónico para difundir datos sensibles como el sistema de encriptado de la Armada denominado PLACOM y violar la disciplina del secreto que él mismo está obligado a respetar como funcionario calificado del área. El asunto del sistema PLACOM puso en alerta a la fuerza porque su vulneración pone en riesgo la seguridad nacional. Se trata de un conjunto de claves de altísimo valor estratégico por cuanto con ese cifrado se trasmiten informaciones sensibles dentro del arma.
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