Luego de una semana de relativa calma, volvieron ayer las críticas de la Iglesia Católica contra el gobierno. El arzobispo de Corrientes, Domingo Castaña, reclamó ayer un «preciso equilibrio de poderes para que el Poder Judicial ocupe su lugar e inicie un tiempo definitivo de orden y seguridad».
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Castagna fue designado administrador apostólico de la diócesis de Puerto Iguazú y ya se reunió con su obispo emérito, Joaquín Piña. El prelado opinó que «el sufrimiento indecible ocasionado por los atracos y las muertes ocupa innumerables espacios informativos. La tragedia se cierne sobre una población que desea desplazarse con libertad -y sin temor- por sus calles bien iluminadas y custodiadas».
Luego de un polémico cruce de acusaciones entre Néstor Kirchner y el Episcopado, la semana abrió con nuevas críticas hacia el oficialismo. El Presidente había acusado a la Iglesia Católica de haber callado durante los abusos cometidos por la última dictadura y hasta llegó a decir que «el diablo penetra también las sotanas». Antes, el director de prensa del Arzobispado de Buenos Aires, Guillermo Marcó, había sugerido que el santacruceño alentaba los odios y las divisiones. Todo, en medio de una fuerte interna entre el cardenal Jorge Bergoglio y el Vaticano por la remoción intempestiva y sin aviso previo de Piña, quien lidera un frente para oponerse a la reforma constitucional que permitirá la reelección indefinida del gobernador de Misiones, Carlos Rovira.
Castagna aseguró que «es un desafío inevitable la elección de quienes deben administrar la Justicia» e insistió en que «la distancia de todo compromiso político e ideológico ofrecerá el equilibrio necesario para educar la libertad del magistrado en el ejercicio de su función».
La semana pasada, el arzobispo de La Plata, monseñor Héctor Aguer, había acusado al oficialismo de «denegación de justicia» por la situación de los presos bonaerenses que realizaron una huelga de hambre. Aguer se refirió al problema de las cárceles de la provincia de Buenos Aires y dijo que los reclamos de los reos «son perfectamente razonables», ya que, según el prelado, casi 80% de los residentes en dichas cárceles «son sólo procesados a los que aún no se les dictó sentencia; no han sido condenados».
El prelado platense denunció que esta «morosidad intolerable de la Justicia» equivale en la práctica a la «denegación misma de justicia y a la privación de un derecho humano fundamental».
Leonardo Sandri, número dos de la Secretaría de Estado del Vaticano -y fuertemente enfrentado con Bergoglio-, es un personaje muy cercano al obispo de La Plata, quien no comparte la línea moderada de Bergoglio. Allegados al cardenal creen incluso que la sorpresiva jubilación del obispo de Puerto Iguazú, Piña, se debió a la influencia de Sandri y del nuncio apostólico Adriano Bernardini.
Aguer, animador de la pastoral de las cárceles, visita asiduamente los diversos establecimientos de detención de la arquidiócesis. «Me ha tocado encontrarme con casos terribles, como el de una mujer de unos cincuenta años, que hacía tres años estaba presa sin saber muy bien por qué y nunca había visto a su defensor ni sabía quién era», explicó el prelado.
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