Uno de los puntos resistidos por los radicales fue el artículo 8, que obliga a la presentación de un documento con carácter de declaración jurada para quien solicite la información. En él debe constar el fin para el cual se solicita, lo cual fue minimizado por la senadora santacruceña a la hora de abogar por su aprobación. En cambio,
El articulado establece que el silencio o la inexactitud en la entrega de los datos se presume como negativa, y habilita a que el peticionante pueda acceder a vías judiciales para lograr su propósito.
Dejá tu comentario