La IGJ habilitó una consulta pública para reformar normas y avanzar en criterios de desregulación

La Inspección General de Justicia puso en marcha el procedimiento de elaboración participativa de normas para revisar su marco regulatorio y avanzar en la simplificación de trámites.

La IGJ habilita la consulta pública para la refora de normas.

La Inspección General de Justicia (IGJ) dispuso la implementación de un esquema de participación ciudadana para la elaboración y revisión de sus normas, en el marco del proceso de reforma del Estado y desregulación económica impulsado a nivel nacional.

La medida fue oficializada mediante una resolución general publicada este jueves en el Boletín Oficial, que establece la aplicación del procedimiento de “elaboración participativa de normas” previsto en el Decreto 1172/2003 para proyectos regulatorios de relevancia institucional o impacto significativo.

Qué establece la medida

Según se detalla en los considerandos, el organismo busca revisar integralmente su normativa vigente con el objetivo de eliminar requisitos obsoletos, reducir costos de cumplimiento y simplificar procedimientos para sociedades y entidades civiles. La iniciativa apunta a adecuar el régimen a estándares actuales, con un enfoque en transparencia y apertura del registro.

En ese marco, la IGJ convocó a la ciudadanía, a entidades profesionales, académicas y a cualquier interesado a presentar opiniones, sugerencias y propuestas sobre las regulaciones vigentes, con especial foco en la Resolución General 15/2024.

Las presentaciones podrán realizarse a través de medios electrónicos, mediante un formulario habilitado en el sitio web oficial del organismo, donde también se publicarán los proyectos normativos y su fundamentación. Las contribuciones tendrán carácter no vinculante, aunque serán consideradas en la redacción final de las normas.

Responsable a cargo

Además, la resolución designa a María Emilia Ferraro como responsable de coordinar el proceso participativo, que se aplicará a aquellas iniciativas que, por su alcance o impacto, requieran instancias de consulta pública.

Desde la IGJ señalaron que la incorporación de estos mecanismos busca mejorar la calidad técnica de las regulaciones, facilitar su implementación y fortalecer la legitimidad del accionar estatal, en línea con criterios de gobierno abierto.