En un país con una izquierda pequeña (aunque activa y hoy enquistada en sectores de la administración) sorprende y preocupa la facilidad con la que avanzan extravagantes ideas. La ausencia de control por parte del gobierno de las actitudes de funcionarios " cuentapropistas" como Luis D'Elía acaso le hace ver a un sector del público que no hay nada enfrente que ponga límites a reclamos peligrosos o fuera de la ley. Es posible discutir dentro de la ley si el destino de los campos comprados por el inversor de Corrientes es ser una reserva ecológica y bajo qué condiciones. Pero es aberrante que funcionarios ejerzan justicia por mano propia ante cámaras de TV y cuando ven el daño hecho tratan de reparar con leyes de expropiación sin estudios previos ni previsión de recursos. La iniciativa del piquetero funcionario D'Elía arrastró ayer hasta al presidente de la Cámara de Diputados, quien firmó el proyecto de ley, con lo cual el oficialismo quedó comprometido con esas atrocidades. En la presentación estuvo además Hebe de Bonafini (foto), que recorrió ayer tres actos apoyando a alas del oficialismo y pegada a funcionarios públicos, entonando cánticos en favor de una "revolución" que nadie, o pocos, han pedido ni, mucho menos, han votado. Para rematar reclamó a los alaridos expropiación de todos los recursos naturales y sacar "al norteamericano a patadas en el culo (sic) del país".
El piquetero Luis D'Elía y la diputada ultrakirchnerista Araceli Méndez de Ferreyra montaron ayer su propio show al presentar un proyecto de ley que busca expropiar unas 300 mil hectáreas del campo de un empresario estadounidense en Corrientes. Lo más alarmante del caso fue que el proyecto lleva la firma de unos 40 legisladores, no sólo del kirchnerismo, sino también del ARI, el socialismo, el Peronismo Federal y hasta de la UCR.
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Ayer a última hora, el presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Balestrini, se había sumado a la firma del proyecto de ley. Eso, sumado a la afirmación de D'Elía de que a él nadie le objetó la iniciativa, configuran alarmantes indicios de que la embestida del subsecretario de Tierras para el Hábitat Social podría lograr la sanción de este texto legislativo.
El auditorio del anexo de la Cámara baja desbordó su capacidad para 250 personas. Los embajadores Roger Ortiz Mercado (Bolivia) y Roger Capella (Venezuela), Hebe de Bonafini, Nora Cortiñas ( Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora), el titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi; el cineasta Pino Solanas y campesinos de Corrientes colmaron la sala ubicada en el subsuelo del edificio. Hasta Antonio Tarragó Ros y el padre Luis Farinello dijeron presente. Bonafini aseguró que «muchasprovincias son como estancias para los gobernadores» y se pronunció a favor de «recuperar el petróleo, el gas, el agua y darles una 'patada en el culo' a los norteamericanos para que se vayan».
El proyecto de ley pide expropiar unas 300 mil hectáreas de un total de 1,3 millón ubicadasen los Esteros del Iberá, en Corrientes, donde esas tierras forman parte del sistema del Acuífero Guaraní. El reclamo ya fue descalificado por constitucionalistas como Gregorio Badeni, pero se espera que en dos semanas empiece a ser tratado en las comisiones de Diputados.
«Si vuelvo a ver otro camino vecinal alambrado por un empresario rico extranjero, que desprecia a la Justicia argentina, voy a volver a cortar los alambrados», desafió D'Elía en referencia al empresario estadounidense Douglas Tompkins, propietario de una estancia en la zona de los Esteros del Iberá.
D'Elía se pronunció en estos términos tras presentar la iniciativa que impulsó la diputada Méndez de Ferreyra con el respaldo de unos 40 legisladores, como Emilio García Méndez y Carlos Raimundi (ARI), el radical kirchnerista Ricardo Colombi, el socialista Eduardo Di Pollina y los oficialistas Patricia Vaca Narvaja -secretaria parlamentaria del Frente para la Victoria-, Gerónimo Vargas Aignasse, Miguel Bonasso, Diana Conti, Edgardo Depetri y Remo Carlotto, entre otros.
Recuperación
«Nosotros no expropiamos, recuperamos lo que era nuestro y fue robado», sostuvo el embajador Capella al definir la nacionalización de los campos petroleros en Venezuela, uno de los principales productores de crudo del mundo.
El acto de ayer en el Congreso se enmarcó en la disputa política y económica a la que se sumó D'Elía cuando la semana pasada forzó las tranqueras que el empresario Douglas Tompkins tiene en el paraje Yahaveré, en los Esteros del Iberá.
El funcionario, que ya había ocupado impunemente una comisaría en La Boca, aseguró que lo hizo para «garantizar el libre tránsito» sobre los caminos vecinales que se encuentran dentro del territorio que Tompkins defiende como propio.
La iniciativa propone declarar de «utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en los Esteros del Iberá y zonas de influencia» para crear una reserva natural que sea administrada por Parques Nacionales. Además especifica que los fondos para este trámite serán imputados a la partida «rentas generales» del Presupuesto.
Aunque esas extensiones de tierra fueron compradas por Tompkins a la familia Blaquier y a una empresa de Gregorio Pérez Companc, la diputada Méndez de Ferreyra dijo que «ésas eran tierras fiscales que durante los 90 pasaron de manos mediante oscuros negocios y ahora creen que pueden hacer valer el 'derecho sagrado' de la propiedad privada, pero no quisieron hacer una denuncia judicial porque deben tener muchas cosas sucias que ocultar».
Ayer, Sofía Heinonen, asesorade los emprendimientos de Tompkins, explicó a través de un comunicado que hay varias formas de acceso al paraje Yahaveré y que por lo tanto no se violentan derechos de los vecinos del lugar.
Jorge Leconte, apoderado de la estancia El Tránsito de Tompkins, expresó su preocupación por el silencio de la administración de Néstor Kirchner ante estos incidentes: «Nos sorprende el accionar del funcionario Luis D'Elía y no creemos que el gobierno nacional avale este tipo de conductas. En especial cuando hemos ofrecido donar el sector de tierra de acceso al paraje en cuestión y también teniendo en cuenta que las autoridades nacionales están fomentando las inversiones (cualquiera sea su origen) y tienen el cuidado del medio ambiente en su agenda de prioridades». Y agregó: «En cuanto a la amenaza de la expropiación, estamos convencidos de que primará el sentido común y se preservarán la calidad institucional y el Estado de derecho».
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