El Senado firmó el dictamen de mayoría sobre la ley contra la extranjerización de tierras, que ya quedó lista para ser aprobada en el recinto y convertirse en ley, tras obtener el visto bueno de la Cámara baja la semana pasada. De igual manera, la Cámara alta le dio dictamen al nuevo régimen del trabajador agrario.
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Los legisladores firmaron el despacho favorable en la comisión de Agricultura de la Cámara alta, que dirige la oficialista Graciela De la Rosa, tras una reunión que se extendió por casi dos horas en el Salón Eva Perón del Senado.
La iniciativa obtuvo ocho firmas de los integrantes de la comisión que representan al Frente para la Victoria y una en disidencia parcial del integrante del Frente Amplio Progresista (FAP), Jaime Linares.
Si el texto contra la extranjerización de tierras rurales es incluido en las sesiones de esta semana, deberá ser tratado sobre tablas, ya que no cuenta con los siete días previstos en el reglamento desde su dictamen.
Para ello, la oposición deberá colaborar con el oficialismo para alcanzar los dos tercios de los votos que requiere el tratamiento anticipado, sin respetar la semana que pide el reglamento entre el dictamen y el recinto.
Según los argumentos del proyecto que envió el Poder Ejecutivo, la iniciativa "no afecta derechos adquiridos y sus disposiciones serán aplicadas desde su entrada en vigencia".
La ley, que obtuvo sanción en Diputados en la madrugada del pasado viernes, propone que la propiedad de tierras rurales en manos de extranjeros no podrá superar el 15 por ciento del total en el país.
Ese porcentaje máximo debería respetarse, además, en relación con el total de tierras rurales de cada provincia y de cada municipio.
En el texto también se establece un límite máximo para una misma persona o empresa extranjera de 1000 hectáreas en la zona núcleo (el sector más productivo de la pampa húmeda) o de una extensión equivalente en el resto del país.
En esta iniciativa entran las personas físicas extranjeras que no tengan domicilio real en Argentina y las personas jurídicas cuyo capital social en proporción sea superior al 51 por ciento.
El proyecto también crea el Registro Nacional de Tierras Rurales en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Consejo Interministerial de Tierras Rurales, presidido por Justicia e integrado por las carteras de Agricultura, Defensa, Interior, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y representantes de todas las provincias.
• Nuevo régimen del Peón Rural
El Senado también avanzó con el dictamen de la ley que regula el trabajo agrario y dejó al proyecto oficial en condiciones de ser debatido en el recinto esta semana.
El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, expuso ante la comisión de Trabajo y Previsión Social la postura del Gobierno en torno a la iniciativa, a la que se opone la UATRE que comanda Gerónimo "Momo" Venegas.
Tras la explicación del funcionario, casi sin debate, los senadores firmaron el dictamen y concluyeron con una intensa jornada en la Cámara alta, que incluyó discusiones sobre el paquete económico del Gobierno, los proyectos contra lavado de dinero y terrorismo, la ley penal tributaria y la de tierras.
"Los trabajadores rurales están ante una verdadera situación de desequilibrio y de injusticia, que lamentablemente transitó mucho más tiempo de lo normal", dijo Tomada.
Según resaltó, el proyecto del Poder Ejecutivo busca "reparar esta situación de desequilibrio e injusticia".
"Llama la atención que esta situación normativa se diera en un sector, que son de los principales generadores de renta, y nunca se alcanzara a dar carácter legislativo a nuevas condiciones de trabajo más equilibradas, más justas", agregó el ministro.
El proyecto volvió a dejar en evidencia la semana pasada las diferencias entre la central trabajadora que dirige Hugo Moyano y el Gobierno de la presidenta Cristina Kirchner, luego de que los diputados allegados al líder camionero no acompañaran la propuesta oficial.
El proyecto establece la creación de un ente estatal que reemplazará al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre).
Según el texto de la norma, se reconoce a los peones remuneraciones mínimas determinadas por el Consejo Nacional de Trabajo Agrario, que no podrán ser inferiores al salario mínimo vital y móvil, y fija períodos y lugares de pago.
También prevé la prohibición del pago en moneda distinta a la de curso legal; la bonificación por antigüedad; la prohibición de deducción del salario del valor de mercaderías provistas por el establecimiento y que la jornada de trabajo exceda las ocho horas diarias y las 44 semanales (de lunes a sábado hasta las 13).
El proyecto oficial estipula, también, el reconocimiento de horas extras, el descanso semanal, las condiciones adecuadas de higiene y seguridad, la provisión de ropa de trabajo por parte del empleador y el otorgamiento de licencias de la ley de Contrato de Trabajo y licencias especiales.
A la vez, posibilita que los peones puedan jubilarse a los 57 años con el aporte de 25 años de trabajo.
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