El gobernador entrerriano Jorge Busti les pidió ayer a los asambleístas de Gualeguaychú que « reflexionen» sobre el «masivo» piquete en la Ruta Nacional 14 anunciado para el lunes próximo en contra la pastera Botnia, en el marco del fin de semana largo, porque -dijo- podría acarrear «algún acto de violencia» por «las características del corte y la masividad de vehículos en la zona».
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En rigor, la medida -que podría generar un punto de inflexión de consecuencias impredecibles, de desatarse incidentes- genera mucha resistencia incluso dentro de los mismos ambientalistas. Anoche, los vecinos de esa ciudad se disponían a discutir la posibilidad de que el bloqueo sea suspendido o portergado para otro día.
«La Ruta 14 es un camino obligado de acceso y de regreso a Entre Ríos y también una arteria esencial del Mercosur, que no puede estar en una situación de rehén», dijo Busti, además de enfatizar que la protesta «perjudica esencialmente a la familia argentina».
La advertencia se da en el marco de un incremento de la tensión en la región, luego de que el gobierno de Uruguay adelantó el pasado lunes que presentará una denuncia ante organismos internacionales por haber recibido amenazas sobre un presunto atentado «con bombas» contra Botnia por parte de ambientalistas entrerrianos, que calificó como «actos terroristas».
Incluso trascendió en las últimas horas -según lo consignado por el diario uruguayo «El Observador»- que los servicios de inteligencia uruguayos habrían elaborado la hipótesis de que vecinos y ambientalistas argentinos poseen un misil para atacar la planta de celulosa.
Según el diario, la armada del vecino país comenzó a estudiar las imágenes «de un misil en manos de los activistas» de Gualeguaychú. «La armada y los servicios de inteligencia tratan de establecer las características del proyectil, si está armado y en condiciones de ser disparado», aseguraron.
En sintonía, «El País» de Montevideo citó supuestas declaraciones del asambleísta argentino Jorge Friztler sobre la existencia de «movimientos que comenzaron a trabajar al margen de la Asamblea de Gualeguaychú, manejando la idea de atentar contra la planta». «Un pan de trotyl dentro de un tronco haría volar la planta de chipeado», habría afirmado.
«Las declaraciones del canciller Reinaldo Gargano fueron un mamarracho», aseguró el vicegobernador entrerriano Pedro Guastavino, al enfatizar que «es una locura afirmar que la asamblea realizará acciones violentas», y que los dichos del funcionario de Tabaré Vázquez «se inscriben en la provocación implementada desde el gobierno de ese país».
«Siempre cuando les conviene, pasan de ser de victimarios a víctimas», contraatacó desde Gualeguaychú el asambleísta José Pouler. «Los ambientalistas no somos violentos», dijo otra fuente.
Pero, en rigor, las rispideces ya recrudecen, además, fronteras dentro de Entre Ríos, donde el malestar de los comerciantes perjudicados por los piquetes y de los conductores que se ven afectados por los bloqueos de los puentes fronterizos ya derivó en escenas de violencia en Concordia y en Colón. Ante la inminente inauguración de la pastera, los ambientalistas de Gualeguaychú (que cortan ininterrumpidamente el puente a Fray Bentos desde el pasado 20 de noviembre) anunciaron que bloquearán la Ruta 14 el próximo lunes, al menos entre las 14 y las 16.
Contarán para el bloqueo de la ruta -que une Buenos Aires con Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Uruguay, Paraguay y Brasil- con el apoyo de las asambleas ambientales de Colón y Concordia.
Esa estratégica ruta ya fue cortada por los vecinos de Gualeguaychú el 6 de abril (Jueves Santo), en protesta por el arresto en la sede de Buquebús de dos integrantes de la asamblea. En esa oportunidad, el bloqueo se prolongó por seis horas y generó una difícil situación entre los manifestantes y los conductores que quedaron varados en la carretera.
Frente a este escenario, Busti instó a los ambientalistas a «reflexionar» sobre la medida, vía una carta, que fue rubricada además por Guastavino. Allí ratificó su respaldo a la lucha contra la papelera, pero siempre -aclaró- «desde el campo de la legalidad». «No queremos que nadie utilice este conflicto serio, con múltiples aristas y frentes, reduciéndolo a un mero botín político electoralista», indicó.
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