Caja intervenida era un festival del descontrol

Según la auditoría del Gobierno porteño, al controlar el ejercicio 2005 de la obra social de los municipales se confirmaron graves fallas contables y financieras en el manejo de la entidad. El trabajo, presentado en abril de 2007, terminó cajoneado.

Más allá de la pelea política entre Mauricio Macri y el gremio de los empleados municipales, la ahora intervenida Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (ObSBA) se habría manejado con turbios movimientos de facturas y sin los más mínimos controles financieros e impositivos. Se podría definir como un verdadero agujero negro contable, donde además ni las autoridades pudieron acceder a la información sobre las totalidad de las operaciones de contratación que realiza la ObSBA.

Así surge del último informe realizado por la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, presentado el 13 de abril de 2007 y que evalúa el período que va del 1 de enero al 31 de diciembre de 2005, y que tuvo como objetivo «controlar los aspectos legales y financieros de los procedimientos seguidos en los procesos de adjudicación y pago de compras y contratos». En este período, la Auditoría estaba presidida por Vicente Brusca, y tenía como auditores generales a Antonio Rubén Campos, Carlos Toso, Josefa Arminda Prada, Alicia Margarita Boero y José Luis Giusti. Las conclusiones fueron enviadas a Santiago de Estrada, como vicepresidente primero de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo tuvo en su despacho desde abril de 2007. En un primer momento, y con los votos a favor de Campos, Toso, Boero y Giusti, y de Brusca y Prada en contra, se había amenazado con iniciar una denuncia penal contra la conducción de la obra social de Patricio Datarmini. Con el tiempo, la presentación se congeló y la auditoría terminó cajoneada.

Según las conclusiones del informe, durante el ejercicio fiscal de 2005 se habría incurrido en las siguientes irregularidades:

Para los auditores, «no fue puesta a disposición del equipo la mayor parte de la documentación requerida», lo que «ha obstaculizado el desarrollo de las tareas previstas». Esto habría impedido investigar los aspectos legales y financieros de la obra social, debido a la obstaculización para el acceso a los datos por parte de la dirección de la entidad. La auditoría sólo habría podido acceder a 32 carpetas contables de las más de 100 que fueron requeridas. Estas últimas nunca fueron aportadas por la conducción, y se desconoce su paradero.

Caída

Hay, sin embargo, serios problemas «de control interno que pueden ocasionar perjuicio en el patrimonio de la entidad». Esto implica que el manejo de la conducción de ObSBA, durante el período analizado, provocó, según la auditoría, una caída en el valor de los activos de la entidad.

Entre los datos que se le ocultaron a la auditoría, figuran 6 carpetas de pagos, 73 carpetas de antecedentes de contrataciones, 9 legajos de proveedores y 7 contratos profesionales por guardias médicas.

Se encontraron «sucesivas prórrogas contractuales sin aplicación de mecanismos de competencia entre oferentes, que afectan negativamente la transparencia de la gestión de contrataciones». Las prórrogas a varios contratados se habrían realizado sin los procesos legales y con extensiones de hasta un año.

La obra social operó con «facturas fiscalmente inválidas». Concretamente, los documentos figuraban con la condición de «IVA, Responsable No Inscripto» con fecha posterior a la prohibición de la AFIP de realizar este tipo de contratos (30/06/04). Como mínimo, esto implicaría la violación de las leyes contables vigentes y una «falta de control oportuno sobre la legitimidad de las facturas presentadas».

Hay también facturas presentadas «con posterioridad a la emisión de la orden de pago». Esto, según la auditoría, da «falta de respaldo documental sobre las erogaciones efectuadas y la reiteración de los servicios prestados». Pero además de la AFIP, se asegura que este tipo de mecanismos podría haber sido utilizado por prestadores para no tener que liquidar el IVA de manera inmediata, para poder liquidar el impuesto cuando se haya percibido el dinero. En el caso de ObSBA, se encontraron facturas de hasta un año posterior a la fecha de prestación de un servicio.

Para completar el panorama anterior, hay además un largo listado de facturas que ni siquiera tienen fecha de emisión. Se trata en la mayoría de los casos de servicios prestados por médicos de cabecera en sus consultorios particulares por montos que van de los 500 a los 1.350 pesos.

Conclusiones

Hay faltas en la individualización de los profesionales a los que se les pagan saldos adeudados, lo que podría haber derivado en la reiteración de las liquidaciones por el mismo servicio. Como mínimo, de las conclusiones a las que llegó la auditoría sobre los manejos contables de ObSBA durante 2005, y que fueron publicados en 2007, se determina que hubo una voluntad explícita de la conducción en no mostrar documentación específica y en trabar lo máximo posible la investigación. Pero de los datos que sí pudieron ser fiscalizados, hay evidentes fallas de control que deberían haber merecido un serioproceso de parte de la Justicia Penal Tributaria.

En total, ObSBA tiene unos 350.000 adherentes, de los cuales 120.000 sobre agentes municipales, 70.000 son jubilados y el resto, familiares. Manejaría unos $ 340 millones anuales, y según la propia conducción, desde el año pasado tendría las cuentas equilibradas, aunque el macrismo hable de un déficit de no menos de $ 20 millones. Obviamente, la obra social pertenece al Sindicato Unico de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (Sutecba), del legendario y eterno Amadeo Genta.