El diario «El País» de Montevideo dedicó ayer un virulento editorial a la crisis con la Argentina por la construcción de las plantas de celulosa en Fray Bentos. Tiene interés reproducir algunos párrafos, no tanto por las críticas que ese medio le hace al gobierno de Tabaré Vázquez, sino por los sarcasmos que anota sobre el gobierno argentino, al que califica de «prepotente». A Néstor Kirchner lo llama « descomedido» y «señor K», al acuerdo con Tabaré de «malhahado» y a los negociadores argentinos «los Fernández».
Es absolutamente inconveniente para el país enfrascarnos en una discusión sobre los desaciertos del gobierno en su errático manejo del conflicto con la República Argentina. Tampoco es hora de señalar errores que ya se cometieron -y que otros ya se han encargado de fustigar- ni de llorar sobre la leche derramada.
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El problema, ya lo hemos dicho una y otra vez, es de singular gravedad y, además, es nacional. O sea, que compromete intereses, valores y principios cuyo titular es el país todo y no el gobierno de turno, que sí tiene la obligación de mantenerlos enhiestos.
En consecuencia, por nuestro Uruguay y por su dignidad, hay que ayudar a que el Poder Ejecutivo enderece el rumbo y ponga las cosas en su lugar frente al prepotente gobierno del descomedido presidente argentino.
Ya habrá tiempo, cuando la tormenta amaine y las aguas se serenen, de llamar a responsabilidad a nuestros gobernantes. Pero la hora actual no es la indicada para hacerlo.
Reacción enérgica
Sorpresivamente, ante la reanudación del ilícitobloqueo de los puentes, el Poder Ejecutivo reaccionó enérgicamente -¡por suerte!- y fijó el perentorio plazo de cuarenta y ocho horas al « señor K» para que la medida se levante, so pena de ir a la vía jurisdiccional ante el Tribunal de Asunción y, eventualmente, ante algún órgano de justicia del sistema interamericano.
Cuando este editorial se publique, quizás haya habido una nueva vuelta de tuerca en este asunto, caracterizado por un sinfín de marchas y contramarchas. Por lo pronto, ya se sabrá la reacción de los piqueteros disfrazados de ambientalistas, así como de su gobierno, que no creemos sea de aquiescencia a nuestra justificada exigencia.
Y ojalá no lo sea, de manera de concluir con una negociación donde el país iba arriando sus banderas y de plantarnos de manera firme, en la defensa de nuestros derechos, ante un tribunal internacional independiente.
Pero, para el caso de que nuestros vecinos cedan o nos entreveren otra vez los cables diplomáticos con alguna contrapropuesta, reiteramos que no puede haber acuerdo sobre la base inadmisible de la suspensión de las obras de Botnia, sea por noventa días o por un lapso menor.
La cuestión no es el plazo sino que la pretensión de la Casa Rosada es sustancialmente inaceptable. Por dos razones.
La primera, es que no hay que hacer una concesión graciosa cuando nada cede la contraparte cesando en una actividad ilegal, pues nadie puede entregar algo que no le pertenece. O sea, la resignación de un derecho que no es tal.
La segunda razón es que, aún en el supuesto inexacto que el futuro funcionamiento de la planta de Botnia dañara el medio ambiente más allá de los límites internacionalmente considerados admisibles, la construcción de dicha planta ningún daño causa ni puede causar.
Por el contrario, la suspensión de las obras dañaría directa y gravemente a los trabajadores, pues nadie parecía dispuesto a cargar con el pago de sus salarios, así como a la empresa finlandesa, difiriendo el retorno de su cuantiosa inversión y exponiéndola al incumplimiento de los múltiples contratos requeridos para ejecutar una obra de gran porte, seguido de la exigibilidad de las multas seguramente pactadas.
En razón de lo cual nadie pudo entender cómo nuestro gobierno pretendió, días atrás, responsabilizar a Botnia por el fracaso o la postergación, que ojalá sea definitiva, del malhadado acuerdo con Kirchner y sus Fernández.
Dicha empresa eligió a nuestro país para realizar una gran inversión, al amparo de nuestra legislación y de un tratado vigente -entre ambas naciones- en materia de protección de inversiones.
Siendo así, como indiscutiblemente lo es, fue de mal gusto, además de errónea, la injusta imputación a Botnia.
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