La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal deberá resolver si frena o no el acuerdo por el cual la Anses comparte sus datos con la Secretaría de Comunicación del Poder Ejecutivo para difundir actos de gobierno.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Así ocurrirá merced a un planteo que objetó el fallo de primera instancia que se opuso a dictar una medida cautelar solicitada por una abogada.
La juez María José Sarmiento concedió el recurso de apelación presentado por la letrada Laura Valeria Carreras, quien, además de la medida cautelar, persigue la declaración de nulidad de la decisión del Poder Ejecutivo por la que, además, presentó una denuncia penal contra el jefe de Gabinete, Marcos Peña, que tramita en el fuero federal.
Días atrás, luego de recibir un informe del PEN, Sarmiento rechazó suspender provisoriamente el traspaso de datos de la Anses a la Secretaría de Comunicación de la Nación y adelantó que en "breve" plazo, podría definir la "cuestión de fondo" de la acción de amparo.
Para oponerse al pedido, la magistrada consideró entonces que "en el caso" no se había demostrado "de modo concreto" el daño irreparable "que tornaría indispensable" el dictado de la medida cautelar sin esperar la sentencia definitiva.
"¿Acaso no es un daño que a través de un acto administrativo, se vulneren derechos, se caiga en ilegalidad?", preguntó Carreras al motivar su recurso.
Para la letrada, la magistrada "actuó livianamente" al negar la medida cautelar contra el traspaso de datos "sensibles" y "no públicos".
En tanto, en la causa que tramita en el fuero federal, el lunes pasado, el fiscal federal Federico Delgado imputó a Peña por el acuerdo firmado con el Anses y le pidió al juez de la causa, Sebastián Casanello, que ordene evaluar "la legalidad del convenio de traspaso de datos" del organismo.
"La cuestión a desentrañar se ciñe en determinar si la base de datos de la Anses constituye un recurso del que puede disponer el Estado para difundir los actos de gobierno. O bien, si ello contraviene las disposiciones de la Ley 25.326 (de Protección de Datos Personales)", evaluó en esa oportunidad el fiscal, en tanto aún está pendiente una decisión del juez Casanello al respecto.
Dejá tu comentario