Cambiarán ley que benefició al monopolio de la TV paga

Es casi un misterio por qué un fallo judicial que complica el negocio de TV por cable que maneja el monopolio «Clarín» apareció recién hace quince días en la Legislatura porteña, aunque fue emitido a fin de 2007. Ahora, los diputados deben acelerar los plazos para modificar una ley cuyos artículos clave fueron declarados inconstitucionales. La resolución la emitió el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires en contra de una norma porteña hecha a la medida de las tres operadoras de TV por cable del distrito, es decir, las dos de «Clarín» -Multicanal y CableVisión y Telecentro, pero con mayor beneficios para las primeras.

La ley, aprobada con apenas 23 votos a favor en 2005, obliga a los nuevos operadores que quisieran instalarse en la Capital Federal a soterrar el tendido de la red, pero exceptúa de hacerlo a los existentes.

«La asignación del uso de la infraestructura basada en el sistema de columna metálica se otorgará a aquellos tres prestadores que acrediten mayor antigüedad en la efectiva prestación del servicio, al 31 de diciembre de 2004», sostiene el artículo de la ley, que resulta contra la Constitución para la Justicia. También el fallo es contra el artículo 4 que obliga al soterramiento, pero no a las empresas ya existentes.

El fallo surgió del cuestionamiento a la Ley 1877 que presentó la empresa Gigacable, la que podría desplegar su negocio compitiendo con el monopolio a partir de la decisión de los jueces de la Corte porteña. Pero esos artículos considerados inconstitucionales conforman casi la razón de ser de una norma sancionada con premura en tiempos en que el entonces jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, atravesaba los avatares del juicio político en su contra.

Los diputados permitieron al monopolio que incumpliera con la obligación de despejar el cielo de la Ciudad enterrando el cableado de la TV paga como imponía la ordenanza. Y le dieron más, obstruyendo la posibilidad de un competidor que, de acuerdo con un peritaje judicial, debería invertir u$s 323.272 para soterrar el tendido contra u$s 43.420 que le costaría el cableado aéreo.

Los legisladores porteños deben modificar ahora los artículos objetados por los jueces, antesdel 13 de marzo próximo, pero el asunto recién comienza a tratarse en la comisión que preside el macrista Marcelo Godoy.

Hay además hermetismo en el gobierno de Mauricio Macri con respecto al tema, por el momento. Si los legisladores no cambian la norma, ésta sería inaplicable, pero además la propia empresa demandante podría ejercer acciones contra el Gobierno de la Ciudad con costo para los vecinos.

El fallo de los jueces Julio Maier, Osvaldo Casas, Ana Conde, Alicia Ruiz y Francisco Lozano (se expresó a favor de la ley, pero aceptó la resolución) recuerda, además, los pormenores de la sanción de la ley. Por ejemplo, transcribe los discursos del entonces integrante del ARI, Fernando Cantero, que pone en evidencia que el tratamiento del proyecto se hizo en 48 horas. También toma en cuenta el Tribunal que la ley se aprobó con 23 votos a favor nada más (del cuerpo de 60 diputados) y 18 en contra.

A lo largo de 54 carillas, los jueces declaran la inconstitucionalidad de los dos artículos de Ley 1877 que impedía el acceso de un nuevo operador de TV paga, en este caso, Gigacable, que ya tiene abonados en el interior del país.

Dos zonas

La ley dividió a la Ciudad en dos zonas. La primera comprende el llamado Casco Histórico y microcentro, y allí las compañías de cable deben mantener las redes bajo tierra. La zona 2 es el resto de la Ciudad, donde deben reemplazarse los actuales postes de madera por otros de metal, en un plazo de 36 meses en las avenidas y de 10 años en las calles.

Los jueces, entre otros fundamentos, sostuvieron que «del debate que precedió la sanción de la Ley N° 1877 surge una razón objetiva y razonable que justifique la desigualdad que se constata del estudio de los artículos atacados» y que «se desprende que la ley no fue discutida por artículos y que no se ponderaron las disposiciones técnicas u operativas allí prescriptas, sino que, por el contrario, la discusión legislativa transitó por el carril de la decisión política» y abren así un nuevo debate, que ahora le toca resolver al gobierno de Macri.

Hasta el momento, con respecto al tema sólo se conoció que algunos funcionarios del staff macrista se inclinarían por una nueva ley, que establezca plazos para el soterramiento definitivo del cableado de todas las empresas.