1 de septiembre 2022 - 22:24

Acarreo: Moyano acuerda con Larreta a cambio de dos indemnizaciones por cada trabajador

El jefe de Gobierno aceptó el pago del reconocimiento por la antigüedad de cada operario en las actuales concesionarias y también por los meses de transición en el Estado hasta la llegada de las nuevas empresas. 

Pablo Moyano
Pablo Moyano

El Gobierno porteño avanzó ayer con el sindicato de Camioneros en un acuerdo por el traspaso de unos 350 trabajadores del servicio de acarreo a las nuevas empresas que desarrollarán desde 2023 esa labor, con un paso transitorio en los próximos meses por una compañía estatal de la ciudad. El corazón del entendimiento establece que cada operario cobrará una indemnización por los años de prestación del servicio en las concesionarias y otra por los meses en los que se desempeñarán para el gobierno comunal hasta la resolución de las nuevas licitaciones. A instancias de ese principio de acuerdo el sindicato suspendió una movilización que tenía prevista a la Legislatura.

De prosperar, será un paso extra del gremio respecto de una modalidad que convirtió en moneda corriente en sus tratativas con la ciudad de Buenos Aires ya desde las gestiones de Mauricio Macri, cuando los recolectores de residuos se garantizaban continuidad laboral ante los cambios de las empresas del servicio y además percibían una indemnización por los años trabajados bajo esas razones sociales, y que luego extendió a otros rubros en los que se producían cambios de operadores. En el Gobierno porteño confirmaron anoche que se tomó la decisión política de convalidar en este caso ambos pagos por cada uno de los trabajadores de las grúas.

El conflicto había arrancado semanas atrás con la caducidad de las licitaciones que las empresas BRD y Dakota arrastraban desde la década de los noventa, con cánones sin actualizar que permanecían en montos irrisorios. Al estar programada la nueva licitación recién para dentro de ocho o nueve meses, el sindicato de choferes se declaró en estado de alerta y movilización ante la falta de garantías de la continuidad laboral, en primer término, y en caso afirmativo por las dudas de que fueran a respetarse las condiciones de trabajo contempladas en el convenio 40/89, de Camioneros, y el pago de las indemnizaciones por el cambio de empleador.

En el Ejecutivo porteño comentaron que la nueva licitación abarcará la prestación del servicio en todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires, cuando hasta ahora está limitado a algunas de las zonas más transitadas. Prevé la división de la ciudad en tres zonas y la concesión de cada una de ellas a una empresa participante de la licitación por diez años. Hasta ahora nueve compañías comprarlos los pliegos para participar del proceso, que les demanda ofertar por el servicio sobre todo el territorio de la ciudad. Mientras el esquema actual sólo contempla el pago de un canon por parte de las empresas y la percepción íntegra del beneficio de cada acarreo, el nuevo sistema invertirá el orden: el Gobierno de la ciudad pagará una tarifa fija a las empresas y el valor del acarreo pasará a las arcas públicas.

En la actualidad se desempeñan al menos 350 trabajadores en el servicio, en todos los casos regidos por el convenio de Camioneros. Moyano había dicho que se trataba de 500 operarios. A partir del mes que viene el acuerdo prevé el traspaso de todos ellos a la órbita de la operadora estatal de subterráneos Sbase, que fungirá como empleadora a pesar de que la prestación del servicio en los hechos quedará a cargo de la empresa AUSA. Se planteó de ese modo porque Sbase, a diferencia de la otra compañía, permite la continuidad de la aplicación del convenio 40/89. Transcurrido el proceso licitatorio, se presume que hacia mediados de 2023, los trabajadores serán derivados a las nuevas concesionarias surgidas de la licitación. En el medio se pactó el cobro de ambas indemnizaciones y el mantenimiento durante todo el proceso de los salarios y las condiciones de cada trabajador.

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