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El cruce de causas judiciales continuó y hasta magistrados de otros distritos llegaron a autorizar la instalación de tragamonedas en la Capital, en contra de la ley porteña que las prohíbe.
La intención de aquellos que patrocinaban aquel decreto era la de abrir casas con instalación de tragamonedas y máquinas de ruleta en la Ciudad de Buenos Aires. Dichas tragamonedas y ruletas se abrirían sobre las hoy existentes agencias hípicas que recogen apuestas de Palermo, San Isidro y La Plata, además de sobre los bingos ya existentes.
Tras diversas instancias judiciales, todas desfavorables a la instalación de máquinas tragamonedas y ruletas, los gobiernos nacional y de la Ciudad se ponen de acuerdo para, mediante la firma de un convenio, que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires deberá ser refrendado por la Legislatura, establecer una suerte de doble jurisdicción (Nacional y de la Ciudad), otorgando a Lotería Nacional la última palabra y la autoridad definitiva para conceder nuevas licencias, habilitar juegos y casas de juego en la Ciudad de Buenos Aires. Las ganancias que se obtendrían en concepto de canon e impuestos se repartirían entre la Capital y el Estado nacional. La duración del acuerdo es de cuatro (4) años, lo cual coincide con los períodos de gobierno de las respectivas autoridades a la cabeza del Ejecutivo Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires.
La Ciudad cede la facultad de legislar en materia de juego y, al menos, cincuenta por ciento de los ingresos de la actividad. En el convenio, se le reserva a la Capital Federal sólo el otorgar conformidad a las iniciativas de Lotería Nacional. Con ello, se deja abierta la puerta para que dentro de los próximos cuatro años, Lotería Nacional inunde con autorizaciones y, por ende, con casinos, a la Ciudad de Buenos Aires. A su vez, el mencionado convenio no tiene por objeto otra cosa que poner en marcha el controvertido decreto de De la Rúa que desatara críticas debido a las peligrosas consecuencias de que, luego de muchísimos años de prohibición, el juego asiente sus reales en la Ciudad de Buenos Aires, siempre remisa a autorizar la expansión de las actividades lúdicas en su ámbito.
Por otra parte, la Legislatura porteña pierde durante los próximos cuatro años, toda posibilidad de legislar y hasta de opinar en la materia. Existen así sospechas de todo tipo sobre las razones de tanta urgencia y sigilo.
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