Las palabras «Garré» y « registro» tienden a juntarse. Desde la década del 80, la ministra de Defensa debe dar explicaciones periódicas por el modo en que accedió a administrar un registro del automotor que, según la leyenda, capturó gracias a la generosidad de don Vicente Saadi, para quien servía en el Senado cuando gobernaban los radicales y la funcionaria todavía no había descubierto el «progresismo» (o lo había puesto en pausa).
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En sentido contrario al de Saadi, Néstor Kirchner ahora decidió quitarle otro registro a Nilda Garré: no la oficina de patentamiento de autos, sino el Registro Nacional de Armas. Como parte del operativo de desarme que se propone anunciar el gobierno en las próximas horas, ese organismo pasará a depender del Ministerio del Interior. Hasta anoche no se conocía quién sería el titular. Se especulaba con el hijo de José Luis Meizsner, presidente del Club Atlético Quilmes, el club del ministro.
El RENAR fue tradicionalmente una dependencia del Ministerio de Defensa. Desde que llegó la actual ministra, «registro» y «Garré» volvieron a hacer juego. En este caso porque al frente de esa oficina se destacó a Raúl Garré, el hermano de la funcionaria.
Controlador
No hay que suponer que este cosanguíneo haya llegado al cargo por razones de parentesco: Garré había sido colaborador de Rafael Bielsa en la SIGEN, durante el gobierno de Fernando de la Rúa, y su función específica era controlar las empresas militares. Como se puede observar, todo que ver.
Las razones de la mudanza todavía no están del todo claras. El disparador (por usar una metáfora acorde con la materia) fue el caso del asesino de Belgrano que disparó contra simples transeúntes provocando la muerte de un adolescente con un arma correctamente registrada. En la superficie, los funcionarios arguyen motivos sensatos. ¿Qué mejor que unificar todos los organismos que custodian los datos referidos a identidad y movimientos de las personas, asociándoles ahora la propiedad de armas? Parece lógico, por más que haya quienes especulan con que la proximidad entre este organismo de control y las fuerzas de seguridad podría dar lugar a algunas tentaciones inconvenientes. No más que las que pueden imaginarse por la convivencia de Gendarmería y Migraciones en las fronteras. Es decir, argumentos propios de gente demasiado malpensada. Personas que imaginan, por ejemplo, negocios ilegales como el reingreso en el mercado de armas que se declaran eliminadas por operativos policiales. Además, luce coherente con las ideas que animan a Kirchner en materia de Defensa que los militares no se inmiscuyan en el monitoreo de la población civil, ni siquiera en temas como el del armamento.
Sin embargo, estas explicaciones, aun siendo de sentido común, no llegan a dar cuenta de la guerra sorda que se libró en los últimos días por controlar el RENAR. Además de Garré y Aníbal Fernández, el ministro del Interior, también Alberto Iribarne fantaseó con que le deriven a él ese organismo. Su vindicación también resultaba atendible: los demás registros (propiedad, automotor, etc.) dependen de su área. Claro, ninguno tiene competencia directa sobre cuestiones de seguridad.
Acaso haya que repasar las competencias del RENAR. La primera y más notoria, el registro de todas las armas que están en poder de privados. Y la emisión de la correspondiente credencial. También la determinación del tipo de pieza y su habilitación para uso. Todavía se recuerda un pequeño escándalo por aquella fábrica de pistolas que asignó a varios funcionarios algunos modelos, destinados a usos bélicos. Entre los adquirentes estuvieron el entonces ministro de Defensa, José Pampuro; el procurador del Tesoro, Osvaldo Guglielmino; y el próximo responsable del RENAR, Fernández.
Blindaje
Otra función de la oficina que pondrán en las manos del ministro del Interior es la autorización de todas las empresas de blindaje de vehículos que existen en el país. Como se sabe, un negocio en ascenso, como en todos los países inseguros de la región (en San Pablo las casas que prestan estos servicios pueblan por decenas las zonas en las que se localizan las grandes concesionarias automotrices). Además de habilitar a la empresa de blindaje, el RENAR recibe un canon por cada unidad blindada.
No terminan aquí las competencias. También Fernández pasará a tener el control de toda la provisión de las fuerzas de seguridaden un tramo que todavíale era ajeno. Por ejemplo, si una compañía le vende una partida de chalecos antibalas a la Policía Federal o a la Gendarmería, debe homologar el producto en este registro y pagar por cada prenda una suma que ronda los 10 dólares.
Todas estas responsabilidades deben ser muy atractivas si se percibe la lucha libre que se emprendió entre los ministros para capturar el área. Recayó, finalmente, en Aníbal Fernández, quien se pondrá en contacto ahora con una de sus pasiones: la emisión de credenciales. Ya quiso poner en práctica un desarrollo similar cuando se empeñó en renovar la plataforma tecnológica en la emisión de documentos. Según un libro de reciente publicación, Kirchner le arruinó su plan cuando la SIDE le llevó una filmación de su secretario de Coordinación, Lucas Gancerain, negociando la licitación con uno de los proveedores del servicio. Seguramente, el ministro desmentirá esa información, si es que ya accedió a ella. Por lo menos en lo que se refiere a su mano derecha Gancerain (no a que el Presidente hace seguir por el espionaje a sus funcionarios más directos, claro).
Ahora Fernández podrá compensar aquella frustración con un desarrollo más modesto, pero donde se reencontrará con los mismos proveedores: la emisión de credenciales de armamentos corrió tradicionalmente por cuenta de las empresas Ciccone e Ivisa. Las mismas que intervinieron por años en el contrato de los documentos.
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