Carrió apura ya eliminar monopolio sindical de CGT

Elisa Carrió

La Coalición Cívica se adelantó ayer al radicalismo y presentó su propio proyecto para modificar la Ley de Asociaciones Sindicales y adecuarla al fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional el artículo que obligaba a los delegados gremiales a estar asociados a una entidad con personería sindical. Es decir, declaró que se puede representar a los trabajadores de cualquier sector sin estar afiliados a una central reconocida por el Ministerio de Trabajo.

Con la firma de la diputada Elisa Carca, los seguidores de Carrió presentaron un proyecto que se adelanta al que ya prepara el radicalismo para modificar el artículo 41 de la Ley de Asociaciones Sindicales «con el fin de adecuarla al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y evitar el desgaste jurisdiccional que generarían las presentaciones judicial que requieran la doctrina sentada por ésta».

La Coalición Cívica avanza así sobre una realidad que todos los abogados laboralistas presagiaron no bien se conoció el fallo de la Corte Suprema: antes de la apertura de paritarias del año próximo, los sindicalistas de la CTA con seguridad se presentarán ante la Justicia para que puedan ser elegidos como delegados con derecho a intervenir en esas discusiones.

«El presente proyecto tiene por finalidad convertir en ley los principios establecidos por la Corte Suprema en su reciente fallo dicen los considerandos del proyecto presentado por Carca».

Propuesta

Así, la nueva redacción del artículo 41 que propone la oposición establece: «Para ejercer las funciones indicadas en el artículo 40 se requiere: estar afiliado a una asociación sindical y ser elegido en comicios convocados por éstas, en el lugar donde se presten los servicios o con relación al cual esté afectado y en horas de trabajo, por el voto directo y secreto de los trabajadores. La autoridad de aplicación podrá autorizar, a pedido de la asociación sindical, la celebración en lugar y horas distintos, cuando existieren circunstancias atendibles que los justificaran. En todos los casos, se deberá contar con una antigüedad mínima en la afiliación de un año».

La diferencia esencial que plantea el nuevo artículo propuesto es que ya no se exige que la asociación sindical a la que debe estar asociado el candidato a delegado tenga «personería gremial», como si rige en la actualidad.

Esas dos palabras que hoy están incluidas como requisito en la Ley de Asociaciones Sindicales son la base del monopolio sindical de la CGT de los últimos 60 años.

Sólo existe una excepción de esa regla y es para cuando no existiera una «asociación sindical con personería gremial» que represente a alguna empresa. Así, el artículo 41 establece: «Cuando con relación al empleador respecto del cual deberá obrar el representante no existiera una asociación sindical con personería gremial, la función podrá ser cumplida por afiliados a una simplemente inscripta».

La presentación que hizo ayer Carca fue la primera que ingresó en Diputados, pero no será la única. Con vista a un conflicto cierto que tendrá el gobierno antes del año próximo y por el que la propia CGT liderada por Hugo Moyano le exigió ayer, después de una reunión de emergencia, una respuesta política, diputados de todos los bloques ya preparan proyectos de modificación a la Ley de Asociaciones Gremiales. Hasta ahora, todos los borradores que se conocen apuntan a terminar con el monopolio que impone la exigencia de contar con la «personería gremial» que sólo puede otorgar el Ministerio de Trabajo, como paso previo para poder representar trabajadores en negociaciones colectivas.

El radicalismo ya tiene en marcha un proyecto que presentará el próximo miércoles que abarca una modificación de fondo a todo el sistema de representación gremial.

Casi un remedo de la ley que sin éxito impulsó Raúl Alfonsín de la mano de su ministro de Trabajo, Antonio Mucci, a sólo 10 días de asumir la presidencia en 1983.

El proyecto radical también intenta reglamentar el principio de libertad sindical que consagró la Corte en la causa por el reclamo de elecciones de trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas, pero avanza también en otros puntos que fueron siempre la base del poder sindical.

Esa propuesta, que aún no se terminó de redactar, establece la libertad de asociación, la libertad de sindicalización, la democracia interna de las agrupaciones gremiales, representación de la minoría en los sindicatos, no reelección en los cargos y la transparencia en el manejo de los fondos sindicales y de las obras sociales.

El proyecto está preparado no sólo como una presentación de la UCR, sino como un intento de sumar a toda la oposición detrás de un pedido común para derogar el monopolio sindical. Pero a pesar del acuerdo entre Carrió y la conducción del radicalismo, la Coalición Cívica se adelantó con la presentación. Detrás de esa idea, de todas formas se encolumnarían también el socialismo y hasta el bloque macrista, aunque es más difícil que el peronismo disidente cruce ese límite.

Ya lo hizo el socialista Ariel Basteiro, quien, aunque aliado del gobierno, apoyó la decisión de la Corte Suprema no bien se conoció el fallo. El kirchnerismo, mientras tanto, se mantiene alejado de la pelea: será imposible que en lo inmediato el bloque que conduce Agustín Rossi avance con alguna propuesta para modificar el régimen de representación sindical, por lo menos hasta que el gobierno no fije posición y ordene su propio proyecto.