La absolución de todos los acusados en el juicio por las coimas en el Senado para la sanción de la Reforma Laboral en 2000 comenzará a ser revisada a partir de este viernes, en una audiencia citada por la Cámara Federal de Casación Penal.
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La Sala I del tribunal citó a las partes en Comodoro Py 2002 de esta capital para que argumenten desde las 12 las apelaciones presentadas contra las absoluciones dispuestas por el Tribunal Oral Federal 3, que beneficiaron al ex presidente Fernando de la Rúa y a otros siete acusados.
Los jueces Gustavo Hornos, Ana María Figueroa y Luis María Cabral escucharán en una audiencia oral a los representantes de la Fiscalía y la Oficina Anticorrupción, que fueron querellantes en aquel juicio y apelaron su fallo.
En diciembre del 2013, al cabo de tres años y medios de juicio, el TOF 3 absolvió al ex presidente de la Rúa, y a los restantes acusados de las denuncias de haber pagado y cobrado para la tramitación en el Senado de la Nación de una ley de flexibilización laboral, 13 años antes.
Además de De la Rúa fueron beneficiados por esa sentencia el ex titular de la Side, Fernando de Santibañes; el exministro de Trabajo, Alberto Flamarique; y a los ex senadores nacionales Augusto Alasino, Alberto Tell, Remo Costanzo, así como el "arrepentido" Mario Luis Pontaquarto.
La fiscal de aquel juicio, Sabrina Namer, que recientemente ganó un concurso para ocupar un juzgado federal, y la Oficina Anticorrupción pidieron que se anule la sentencia y deberán exponer su argumentos.
A partir de ese momento, el máximo tribunal penal del país podrá pronunciarse a favor o en contra de la sentencia apelada.
Para la fiscalía, el TOF 3 realizó un "examen parcializado de la prueba" y en su fallo "se limitó a "lanzar diatribas y adjetivos descalificadores contra la labor de todos los demás magistrados que intervinieron en la causa en etapas anteriores".
Casación ya cuenta con un dictamen favorable del fiscal ante ese tribunal, Javier De Luca, quien fustigó el fallo por considerar que el TOF 3, integrado por los jueces Miguel Pons, Fernando Ramírez y Guillermo Gordo, desechó "cientos de indicios graves, precisos y concordantes".
En ese sentido, apuntó a "pruebas directas, como la confesión de Pontaquarto; la existencia de una abultada suma de dinero infrecuente en la SIDE, su falta de registración consistente y las constancias de la ruta del dinero de las coimas".
