La jueza de instrucción Susana Wilma López citó a siete policías de la Federal a prestar declaración indagatoria por el asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, y uno de los convocados acaba de ser pasado a disponibilidad por la ministra de Seguridad, Nilda Garré.
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Los siete policías están acusados de haber liberado la zona en el barrio porteño de Barracas el 20 de octubre pasado para permitir la irrupción de la patota que atacó a un grupo de manifestantes entre los que estaba el joven asesinado.
Por el homicidio están detenidas diez personas, entre ellas, el titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza.
Esta es una causa paralela, y la citación comprende al ex titular de la Superintendencia Metropolitana de la Policía Federal, Hugo Lompizano, quien fuera pasado a disponibilidad semanas atrás por la ministra de Seguridad, Nilda Garré, precisamente a partir de su vinculación con el caso.
También fueron citados el ex comisario Jorge Raúl Ferreyra, entonces jefe de la División Roca de la Policía, al segundo de Lompizano, Luis Alberto Echevarria; Gastón Conti, principal de la Dirección General de Operaciones; Rolando Garay, subcomisario de la comisaría 30; el comisario inspector Luis Mansilla, jefe del Departamento de Control de Líneas; y David Villalba, un agente de la División Exteriores de Video.
Todos ellos están acusados de liberar la zona y permitir el accionar de la patota que atacó a Ferreyra y otros militantes del PO y empleados ferroviarios aquella tarde en el barrio porteño de Barracas, tras una protesta iniciada en las vías a la altura de la estación Avellaneda.
Las indagatorias comenzarán este miércoles a las 10:00 en Tribunales, con Conti, mientras que el jueves será el turno de Echeverría y Lompizano, y la semana próxima están citados Villalba, Garay, Ferreyra y Mansilla.
Las indagatorias ordenadas por la jueza habían sido pedidas por el fiscal de instrucción Fernando Fiszer, quien además de acusarlos por liberar la zona también les imputó no haber resguardado la escena del crimen.
Además, el fiscal tiene comprobado que durante los hechos los policías se comunicaron con teléfonos personales entre ellos (POC en la jerga policial), por lo que no hay constancias de las conversaciones, y también por haber interrumpido la filmación del operativo, algo que establece el procedimiento.
Al momento de los hechos, Lompizano y Echeverría estaban a cargo de la Dirección General de Operaciones de la Policía Federal desde donde se presume que monitorearon el operativo e impartieron las órdenes.
Por su parte, Villalba estaba a cargo de la filmación del operativo pero no registró el momento en el que la patota avanzó contra los militantes del PO y los tercerizados de la ex línea Roca que pedían su pase a planta.
En tanto, en la causa principal por homicidio calificado hay unas diez personas detenidas camino a juicio oral y público, entre ellos Pedraza.
Los otros detenidos son los delegados de la Unión Ferroviaria Pablo Díaz y Gustavo Alcorcel, los supuestos barra bravas Cristian Favale y Gabriel Sánchez, y los empleados ferroviarios Jorge González, Armando Uño, Juan Carlos Pérez y Salvador Pipito.
Todos ellos están imputados de integrar un "plan" o "acuerdo criminal" que dio muerte a Ferreyra, y el fin de la agresión fue "aleccionar" a los tercerizados para evitar un nuevo corte de vías, tal cual como ocurrió aquella jornada de octubre.
Hasta el momento, las querellas y el fiscal Fiszer ya se pronunciaron a favor de elevar a juicio la causa, y ahora le correrán vista a las diez defensas.
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